Protesta en la cárcel de Devoto contra la medida de Bullrich: “La universidad es de todos”

Anoche, un grupo de detenidos en la Unidad Penal de Devoto realizó un motín para protestar contra el cierre de los centros de estudiantes dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Durante la protesta se desplegó una bandera con la leyenda “La universidad es de todos”.
 
Según consignó Página 12, no hubo incidentes graves y la situación fue normalizada en poco tiempo. La medida de lucha comenzó en algunas celdas y logró la solidaridad en distintos pabellones, de parte de personas que asisten a clases e incluso de aquellas que no estudian.
 
Los vecinos del barrio porteño de Devoto difundieron por redes sociales imágenes de la cárcel ubicada en Bermúdez al 2600 con fuego en celdas del tercer piso, donde tienen lugar las unidades residenciales I, II y III.
 
Antes de la protesta, varios detenidos firmaron escritos exigiendo que se les permita el derecho a organizarse y permanecer en espacios escolares, ante la imposibilidad de estudiar con buenas condiciones en celdas y pabellones superpoblados.
 
Durante la protesta, desde el Centro Universitario Devoto (CUD) 40 que funciona en ese penal se desplegó una bandera con el reclamo: “La universidad es de todos”. Otro de los mensajes escritos en sábanas resaltó: “Tenemos derecho a la educación 1985-2025″.
 
La prohibición de Bullrich
 
El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, inhabilitó los centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal al considerar que esta dinámica "afecta la principal finalidad" que busca la readaptación social.
 
La decisión fue oficializada a través de la Resolución 372/2025 publicada en el Boletín Oficial que sostiene  “la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales”, e incluye también “aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes que, a la par de resultar obligatorios para todos los internos —artículo 18 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL—, se orientan a compensar los recursos invertidos por el ESTADO NACIONAL en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo”.
 
El documento firmado por la ministra, Patricia Bullrich, dispuso en el primer artículo “NO HABILITAR el funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL”. Mientras que en segundo lugar ordenó “NO PERMITIR la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos”.
 
También, reconoció que la educación en contexto de encierro es un derecho garantizado por leyes nacionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, este beneficio se encuentra amparado por las leyes 24.660, 26.206, 26.058 y 24.521, lo que da lugar a la existencia de programas educativos de nivel universitario en más de 30 unidades federales.
 
Sin embargo, el Ministerio remarca que la creación de centros de estudiantes no está contemplada normativamente. “Que en este contexto normativo, la realización de actividades educativas, si bien resulta un derecho de los internos, no debe obstar al cumplimiento del tratamiento —que es obligatorio— pues constituye la finalidad esencial del cumplimiento de la pena privativa de la libertad y un objetivo superior del sistema”, sostuvieron.
 
Para el Ministerio, los detenidos se encuentran organizados bajo la figura de centros de estudiantes que “invocan la representación de internos estudiantes”, y que permanecen de lunes a viernes durante toda la jornada en esos espacios —entre las 9 y las 18 horas, dependiendo del establecimiento—, superando ampliamente el tiempo requerido para asistir a clases, bajo el pretexto de actividades estudiantiles.
 
"Esta modalidad fomenta un esquema incompatible con el sistema de reinserción social en la medida que permite el avance en la progresividad de internos que no cumplen con las reglas del tratamiento penitenciario”, consideraron.
 
La medida hace mención del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPFCABA), el Complejo Penitenciario Federal I (CPF I) y el Complejo Penitenciario Federal IV (CPF IV).