Denuncian la venta del Centro de Salud Mental N° 1 de Núñez

El Centro de Salud Mental (CSM) N°1 "Dr. Hugo Rosarios" es un centro de consulta y referencia de atención ambulatoria de Salud Mental con coordinación interdisciplinaria e interinstitucional y participación de la comunidad en la promoción y prevención; que de acuerdo con lo establecido en el art. 13 de la Ley Nº 448 “Ley de Salud Mental de la CABA”, forma parte de la red de atención del sistema de Salud Mental y es el único efector de salud correspondiente a la Comuna 13.
 
El CESAM constituye un histórico establecimiento del barrio de Núñez dedicándose a la atención personalizada de pacientes con problemas psicológicos, psiquiátricos y neurológicos que requieren rehabilitación integral y que depende del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo el edificio que habita es propiedad de Gobierno nacional y durante la presidencia de Mauricio Macri se autorizó la venta del terreno para llevar adelante un negocio inmobiliario, sin embargo la acción de las vecinas y vecinos junto a las y los profesionales, pacientes y toda la comunidad logró impedirlo y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) del Gobierno nacional suscribió con la Ciudad un convenio de comodato con el objeto exclusivo de continuar destinando el inmueble al Centro de Salud Mental.
 
El pasado 24 de octubre, el gobierno de Javier Milei, de manera intempestiva puso en remate el inmueble sosteniendo en su discurso que lo hace con el objetivo de reducir “gastos innecesarios”.
 
Al respecto, el legislador Matías Barroetaveña, integrante del bloque Unión por la Patria sostuvo que “estamos frente a un nuevo ejemplo de cómo desde ciertos espacios se utiliza el poder político para favorecer los negocios inmobiliarios frente a las necesidades de la población. En un contexto social en el que claramente la salud mental debería ser una prioridad, vemos por el contrario que las decisiones que se toman, como ocurrió en el caso del Hospital Bonaparte, encierran un desinterés absoluto por sostener el sistema público de salud mental, y que además terminan profundizando las condiciones que hacen cada vez más difícil el acceso a la vivienda”.

En ese mismo sentido el auditor general de Unión por la Patria, Lisandro Teszkiewicz, recordó que el pasado 2 de octubre la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un informe sobre la gestión del CESAM N° 1. El mismo informe detalla como el Centro carece de una estructura orgánica funcional, resaltando que no había avances para una modalidad de contratación segura del inmueble, que garantizase la continuidad del funcionamiento ya que el uso del mismo, estaba supeditado a razones de oportunidad y conveniencia del Poder Ejecutivo Nacional y resalta fallas organizacionales como la falta de profesionales sobre todo en las especialidades de Psiquiatría y Psicopedagogía. Surge también del informe que es insuficiente el número de consultorios destinados para la atención lo que provocó que en 2023 se cierren equipos de trabajo debido a la falta de profesionales y espacios. También se constató la falta de personal de enfermería y de personal administrativo teniendo en cuenta la alta demanda de trabajo e insuficiente personal de seguridad y de limpieza.
 
El auditor expresa que: “La situación alarmante en el CESAM evidencia que, después de casi dos décadas de gobierno del PRO, se consolida una gestión que se enfoca más en los negocios inmobiliarios que en las necesidades de la población. Es inadmisible que la falta de estructura y de recursos continúe afectando la salud de los vecinos, y encima ahora quieren venderlo. Una vez más presenciamos cuáles son las prioridades del PRO, obtener beneficios inmobiliarios. Esto lejos de ser un error, es un proyecto político”.
 
Finalmente, Barroetaveña, concluye que “lo que está en juego en este caso es nada menos que la continuidad del tratamiento de más de 4 mil pacientes que se atienden cotidianamente en el Centro y la estabilidad laboral de los 110 trabajadores que sostienen su funcionamiento. Es necesario que las autoridades convoquen al diálogo, entiendan que es su responsabilidad garantizar los derechos de pacientes y trabajadores y que para ello es necesaria la continuidad del Centro”.