"El sueño de una cárcel propia", por Werner Pertot

Todavía me acuerdo en las épocas de Anibal Ibarra o mismo Mauricio Macri, cuando pensaba: “Qué suerte que tienen los jefes de Gobierno, no tienen que administrar una cárcel propia”. Mientras cada gobernador bonaerense –por citar a alguien contiguo- que llegaba a ese cargo recibía denuncias por las violaciones a los derechos humanos, en la Ciudad no tenía ninguna responsabilidad sobre un dispositivo que siempre en la Argentina viene con situaciones turbias. Bueno, todo eso ya se terminó. Hace tiempo que la Ciudad tiene su propia policía y ahora va a tener su propia cárcel, que ya comenzó a ser licitada por Jorge Macri. Está claro que es una realidad impuesta también por el contexto: el jefe de Gobierno tuvo una disputa a comienzos del año con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la sobrepoblación de las comisarías porteñas, dado que le negaba el paso de los presos a las cárceles federales, incluso cuando los delitos por los que estaban acusados no correspondían a la esfera del Poder Judicial porteño. Esa pelea, lamentablemente para Macri, la ganó Bullrich: terminó con ella dándole palmaditas mientras él anunciaba la construcción de containers en las comisarías para alojar el exceso de presos. De dar una mano, ni hablar.

La disputa con Bullrich se dio en el explosivo contexto mediático de una seguidilla de fugas de presos de las comisarías porteñas, que no dejaban bien parada a la Policía de la Ciudad. Lo que dijo una y otra vez el jefe de Gobierno es que las comisarías no estaban preparadas para mantener de forma permanente presos. El problema que tenían es que Bullrich le cerraba el paso a las cárceles federales, cosa que no cambió.

Después de la disputa con Bullrich -que pese a que sigue diciendo que pertenece al PRO opera más como el verdugo del partido que antes presidió, pero esa es otra historia-, a Jorge Macri le quedó claro que si quería soluciones, no se las iba a poder pedir al Gobierno nacional. Lo de los containers en comisarías es poco menos que una solución transitoria, por lo que ahora el jefe de Gobierno avanza en crear la primera cárcel dependiente del Gobierno porteño.

En esa línea llamó a una licitación para construir una "Alcaidía Central" con un presupuesto que supera los 40 mil millones de pesos. La obra se realizará en el barrio de Villa Soldati y podría alojar unos 700 detenidos.

La licitación quedó abierta a través de la publicación en el Boletín Oficial porteño de la Resolución 960/24 del Ministerio, con la firma de su titular, Waldo Wolff. El predio de cuatro hectáreas donde se construirá la primera prisión porteña está ubicado en en la avenida 27 de Febrero a la altura del cruce con la autopista Cámpora, a sólo metros del Parque Olímpico y del Riachuelo.

Serán cinco edificios de dos plantas destinados al alojamiento de detenidos. Las celdas, precisan los pliegos, serán para seis personas cada una y estarán conectadas por un patio interno. En torno a la prisión se construirá un "edificio de seguridad", que funcionará como una suerte de muro y donde también se harán las tareas administrativas del lugar, y será la entrada y salida de detenidos o familiares.

La obra para crear esta cárcel tomará, al menos, dos años.

Esto puede que genere una nueva oleada de críticas de los vecinos, como ocurrió –por ejemplo- con los de Saavedra o Caballito cuando se enteraron de que iban a instalar las celdas container. De hecho, en el debate del Código Urbanistico, la legisladora Claudia Neira advirtió: "Van a poner una cárcel en el Parque Olímpico. Que sepan todos los chicos que van a hacer deportes en el parque que va a haber una cárcel para 700 presos”.

La situación de sobrepoblación y hacinamiento de esos lugares de detención se viene acrecentando en los últimos años. Según el último informe del Observatorio Penitenciario y de Derechos Humanos del Poder Judicial porteño, la cantidad de alojados totales en las alcaidías y comisarías "mantiene una tendencia ascendente del 129,66 por ciento desde diciembre de 2022 a octubre de 2024". Al primero de octubre de este año, señala el informe, la cantidad de detenidos asciende a 2207, más del doble de la cantidad de plazas que el sistema puede soportar en situaciones normales.

De hecho, según remarcó el INECIP, en base a un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, las falencias son estas:

- El tiempo de permanencia promedio durante el primer semestre de 2024 fue de tres meses, y alcanzó un máximo de dos años y tres meses, en lugares diseñados para detenciones de apenas unas horas

- La cantidad de personas detenidas duplica al “cupo” determinado para esos espacios, lo que confirma y documenta de fuente oficial la situación de hacinamiento extremo.

- Cientos de personas permanecen “en espera de alojamiento”, es decir, detenidas en pasillos, oficinas, depósitos o quinchos de las comisarías por, en promedio, tres semanas, debido a la falta de espacio en los calabozo.

Esto explica, en buena parte, el apuro por construir un edificio que las albergue, ante la negativa del Gobierno nacional a ayudar en nada. No obstante, 700 plazas tampoco resolverán el problema si la cantidad de detenidos sigue aumentando en esa proporción. A este ritmo, para cuando llegue, podría ser solo un paliativo ante un sistema en crisis.