Murió en su oficina un trabajador con 30 años de antigüedad en el Ministerio de Justicia

Daniel Goral llegó ayer martes a trabajar en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia como todos los días. Empleado administrativo, se sentía nervioso desde hacía unos días, cuando en la cartera que encabeza Mariano Cúneo Libarona se anunció un nuevo ajuste.
 
Desde la semana pasada se hablaba de 1200 despidos hasta fin de año y a Goral le habían pedido que presentara su CV ante la superioridad. A los 68 años, con treinta de carrera, la intranquilidad fue en aumento. Eran poco más de las 7.30 de la mañana cuando el hombre, con antecedentes cardíacos, hablaba por teléfono con su hermana y se desplomó.
 
Una compañera trató de hacerlo volver en sí. El SAME llegó a los quince minutos al edificio de Sarmiento 329. No hubo manera de reanimarlo. En el lugar había dos desfibriladores que no funcionaban. Se había pedido su reparación en meses de racionalización en el sector público. Goral falleció a los 68 años. Horas más tarde, el ministro Cúneo Libarona recibió a la hermana del empleado del área jurídica.
 
“Trabajan más de 700 personas entre dos edificios. Había un área protegida con una ambulancia y la asistencia era muy rápida, pero hace tiempo que no estaba y a eso se le suma el deterioro de elementos de reanimación. No solo quedaron menos, sino que los dos que se probaron hoy no funcionaban, según comentó la gente en el lugar. Nos parece grave”, denuncian los trabajadores.
 
Rubén López, secretario de acción política de ATE Capital destacó en diálogo con Página 12 el sentimiento de empleados estatales ante la motosierra de Javier Milei. "Piden listados de personas jubilables y hay un reajuste feroz en personal". El dirigente gremial manifestó que "hay mucha angustia que no se evalúa" y que las medidas "ponen en shock a familias enteras ante la posibilidad de caer del sistema". "El viernes había pánico, el lunes lo que había era bronca".
 
Sentimientos de desamparo afloran ante la perspectiva del desempleo en un país que, para combatir la inflación, generó una fenomenal recesión, lo que lleva a engrosar el número de desocupados. A esto se suma la incertidumbre por unas condiciones de trabajo reñidas con la legalidad y que se practican desde el Estado.
 
López afirma que "hay una enorme pérdida de derechos", con sueldos pagados en parte en negro, algo que la Corte Suprema rechazó en un fallo de 2023. La sentencia obligó al Ministerio de Justicia a pagar en blanco el ciento por ciento del salario, con lo que el total de los haberes se debería computar para los aportes previsionales. El ministerio dedicado a las cuestiones del Poder Judicial fue intimado a blanquear la situación, cosa que no ha hecho.
 
De este modo, hay empleados que tienen sus labores acotadas según el artículo 9 de la Ley marco de regulación de empleo público nacional y que los considera personal transitorio. Así, trabajan con contratos a tres, seis, nueve o doce meses. "Esto afecta a trabajadores calificados y te pueden despedir en mitad de contrato", asegura López.
 
El estrés acumulado tuvo su lado más dramático en las últimas horas. La despedida de ATE a Goral resume la situación: "Abrazamos con todo nuestro afecto a sus compañeros de trabajo y a su familia. No queremos más crueldad y violencia laboral".