¿Cómo es la reforma del Código Urbanístico que propone el Gobierno porteño?

En la Ciudad de Buenos Aires donde escasean los espacios públicos y verdes, donde proliferan las torres vacías pero alquilar un departamento es una odisea y comprarlo casi una misión imposible, el gobierno de Jorge Macri pretende que esta semana que comienza se trate y apruebe la modificación del Código Urbanístico (CUR) que regirá las edificaciones en el distrito por los próximos cuatro años, informa Tiempo.
 
Organizaciones sociales y barriales denuncian que sus demandas no fueron tenidas en cuenta y que no hay planificación urbana ni ambiental. Que los cambios propuestos siguen un objetivo: continuar con los negocios inmobiliarios y las torres, en medio de una crisis habitacional que hace estragos y una Ciudad en la que no solo se mantiene la misma población desde hace décadas, sino que además su vicejefa de gobierno, Clara Muzzio, alertó que “mueren más personas de las que nacen”. Si hay cada vez menos habitantes, ¿por qué se construyen más torres?, ¿Quiénes vivirán ahí?
 
El 30 de julio Jorge Macri envió a la Legislatura su proyecto para modificar el CUR. “Nos guía un objetivo muy claro: respetar la identidad de cada barrio. No vamos a permitir más que en las zonas residenciales se construyan edificios que no cuiden la esencia de cada manzana y vamos a promover desarrollos solo en avenidas con la infraestructura adecuada”, destacó por entonces, con la intención de contrastar con el descontrol que generó el Código de 2018 impulsado por su antecesor y compañero de partido, Horacio Rodríguez Larreta.
 
Entre los “ajustes” que el oficialismo quiere incorporar se destaca un sistema de compensación para desarrolladores que construyan en el sur porteño: como “premio” se les otorgarán permisos para edificar la misma cantidad de metros en zonas más atractivas para desarrollos inmobiliarios, sobre avenidas. Esto es, más torres –de hasta 90 metros– para el norte.
 
El proyecto de ley N° 2120-J-2024 se debatió en comisiones durante las últimas semanas y la meta del oficialismo es que se trate en la sesión de este jueves para una aprobación en primera lectura. Quedarían pendientes hasta su sanción definitiva, una audiencia pública y la segunda votación. Proyectan que el tema esté cerrado antes de fin de año.
 
“Desde un principio fuimos muy críticos de cómo se encaró este proceso, porque debió hacerse con un mayor nivel de planificación, de actualización del Plan Urbano Ambiental. Con este proyecto recogen algunos de los reclamos, como recuperación del pulmón de manzana y algunas bajas de alturas en barrios en emergencia, pero no abordan uno de los problemas más graves: el de los usos en barrios saturados. Hay que abordarlos uno por uno”, sostiene la legisladora Claudia Neira, de Unión por la Patria. Entre los barrios con situaciones más urgentes señala a Villa Devoto, Parque Chas, Chacarita y Palermo.
 
“Como oposición teníamos dos opciones: decir ‘no’ y listo, o pedir que se trate artículo por artículo de cara a la sociedad. Pudimos ampliar algunos consensos con el radicalismo, con Confianza Pública, hubo sectores de la izquierda que trabajaron mucho. Distintos actores que coincidimos en la necesidad de discutir artículo por artículo. Y cuando discutís de cara a la gente con el Ejecutivo hay algunas cuestiones que no se sostienen. Lo que se va a terminar votando va a ser algo bastante incompleto. No estoy de acuerdo con que se trate el 26. Tenemos que darnos más tiempo. Porque cuando se discute a fondo, se puede mejorar”, propone Neira en diálogo con Tiempo.
 
Durante el debate, la legisladora remarcó que “es sustancial incorporar la preocupación de los barrios más afectados, que no parecen estar entre las prioridades de esta propuesta”. Puso como ejemplos los casos de Constitución, donde vecinos y vecinas piden que el barrio sea declarado zona de desarrollo prioritario, y de Flores y Floresta, ocupados por grandes depósitos textiles, en los que se reclama un plan de reconversión. “Pero si hay una medida que muestra la falta de planificación de este código es el cambio de uso del suelo en un sector del Parque Olímpico, con el objetivo de instalar una cárcel para 700 detenidos. Sí, allí donde cientos de chicos y chicas llegan para practicar deporte”, cuestionó.
 
El Observatorio por el Derecho a la Ciudad, con una mirada muy crítica sobre el proyecto de Macri, convocó el viernes pasado a una protesta ante la Legislatura, cuando se preparaba la firma del despacho de la normativa. El referente del espacio, Jonatan Baldiviezo, denunció a Tiempo que “no es un código que aborde el problema habitacional, las necesidades de más espacios públicos o infraestructura verde. Tampoco la crisis climática, porque construir viviendas por construir va en contra del clima. Es un código netamente encarado para que los negocios inmobiliarios continúen”.
 
Sobre los cambios que propone el Ejecutivo, sostiene que tienen que ver con “enmascarar ese interés real”, a través de “cuestiones como proteger los barrios de casas bajas, un reclamo de estos años. Son como pequeñas concesiones que el GCBA plantea como eje, pero el eje es lo otro”. Además, advirtió que “por más que se baje un poco la altura con este nuevo código, la emergencia va a continuar porque se va a seguir en muchos casos con la vieja normativa. Las asambleas están diciendo que es una gran trampa: en los meses anteriores todos los que querían construir ya presentaron sus papeles”.
 
Baldiviezo apunta también contra la “discrecionalidad que está pidiendo el Ejecutivo a la Legislatura”, en relación a las facultades que tendría para decidir sobre excepciones a la nueva normativa. “La primera gestión del PRO usaba las interpretaciones para aprobar excepciones. Eso generaba inseguridad jurídica porque íbamos a la Justicia y se frenaba. Con Larreta quisieron darle seguridad jurídica y surgieron los convenios urbanísticos: las excepciones pasaron del Ejecutivo a la Legislatura. Ahora Jorge Macri quiere lo peor de ambas cosas: que las excepciones vuelvan al Ejecutivo pero legalizadas por la Legislatura, por delegación de facultades”. El titular del Observatorio apunta que eso mismo hizo el actual jefe de Gobierno.
 
Igual que la oposición parlamentaria, esta organización planteó que “falta discusión democrática. No se puede aceptar que tenga menos debate que el código anterior”. Y preparan una acción judicial.
 
Para Ana Bas, del colectivo Basta de Demoler, el nuevo CUR propuesto “insiste con el enrase: que se pueda construir hasta la altura máxima de una manzana, aunque esa edificación haya sido única o una excepción o un ilícito, vuelve con el englobamiento de parcelas apto para construir torres de perímetro libre y la muy peligrosa introducción de la Transferencia de la Capacidad Adicional sin control de la Legislatura”.
 
En los hechos, todo esto “permite consolidar las alturas sobre Libertador con el daño que ya producen, o avanzar sobre Cabildo que no tiene ese perfil, por ejemplo. Esto aumenta la carga sobre los servicios esenciales, tema del que no se agrega nada. No hay una planificación urbana que incluya protección ambiental, movilidad, servicios básicos, escuela, plaza. Sólo se habla de alturas y posibles metros a construir, incluso donde hay manifiesta saturación”, concluye a Tiempo Bas.