Personas en situación de calle son enviadas a las guardias de salud mental

Al menos siete personas murieron desde junio por dormir a la intemperie en la Ciudad más rica del país en medio de la ola polar que asoló este invierno. Las tareas de la Red de Asistencia del Gobierno de la Ciudad se multiplican cuando la temperatura obliga, mientras la población en situación de calle crece con la crisis y el ajuste, al ritmo de los operativos para desplazarla. Este accionar tiene un correlato: la creciente presencia de personas sin techo en los hospitales de salud mental.
 
Desde el Hospital José Tiburcio Borda denuncian que las guardias están “estalladas” ya que el Gobierno de la Ciudad quiere “limpiar” las calles a la vista de los vecinos y las vecinas. “Los medios dicen que fueron muertes sin signos de violencia. Fueron sin signos de agresiones físicas. Que no es lo mismo que decir sin violencia. Morir de frío es una forma de violencia por el no alcance de las políticas públicas”, explica a Tiempo Jorgelina Di Iorio, psicóloga, investigadora del Conicet, parte de Abrigar Derechos e impulsora –con la Asamblea de Personas en Situación de Calle– del Registro Unificado de Violencias (RUV) hacia personas sin techo en Argentina, que presentó un amparo por el tema en 2022.
 
Según informó el Ejecutivo a cargo de Jorge Macri, hay más de 600 personas trabajando en el Protocolo Invernal para asistir a esta población, cuyo número oficial está muy por debajo del que miden las organizaciones sociales: en abril el GCBA informó 2235 personas en situación de calle en Centros de Inclusión Social (CIS) y 1321 en la vía pública. Para las ONG ya en diciembre había 8028 personas sin techo en CABA, cuyo nivel de indigencia casi se duplicó en el último año. Mientras, organizaciones como Proyecto 7 denuncian que el Ministerio de Capital Humano aún retiene más de 65.000 frazadas en sus depósitos.
 
En abril pasado Jorge Macri publicó en redes sociales imágenes del “antes y después” de operativos de “orden y limpieza”. Lo único que mostraban era el corrimiento de personas en situación de calle. Hacía un mes que su gestión había presentado un protocolo de salud mental centrado en esta población. Con críticas a la Ley Nacional de Salud Mental anunció que “las personas en situación de calle con algún problema de salud mental o consumo problemático de sustancias” podrán ser internadas si alguna “presenta un riesgo para sí o para terceros”, aunque “no preste consentimiento”.
 
Desde entonces, según informó el Ministerio de Desarrollo Humano a Tiempo, la Red de Atención relevó “60 casos críticos de salud mental. En la actualidad quedan 31 casos activos, de los cuales 24 cuentan con seguimiento del Programa de Abordaje a Personas con Trastorno Mental Severo en Situación de Calle (ASIC)”. Desde el Ministerio de Salud indicaron que “’casos críticos’ quiere decir que cumplían con el criterio para ser trasladados a un hospital general de agudos, donde se les realiza la evaluación interdisciplinaria” y que de ese grupo “hubo internaciones”, sin precisión de cuántas ni dónde, y tampoco si tuvieron alguna defensa que determine si se necesitaba internación.
 
“No hay información sobre cómo están implementando el protocolo. Hay bastante cerco sobre eso. Evalúan con criterios poco claros si la persona necesita alguna atención específica sobre salud mental. Tampoco queda claro cómo pueden ir las personas al nuevo centro de integración para padecimientos en salud mental; quién las deriva”, denuncia Di Iorio.
 
La semana pasada, la Asesoría Tutelar de Cámara -a cargo de Gustavo Moreno- amplió su denuncia al GCBA ante el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental, radicada tras la sanción del protocolo en cuestión. Fue ante una circular del SAME que apuntaba al traslado injustificado de personas en situación de calle a hospitales.
 
“Se evidencia la creación de una ‘categoría sospechosa en salud mental’ basada en supuestos de vulnerabilidad habitacional y afectación a la salud mental, en perjuicio de las personas en situación de calle”, advirtió Moreno, y señaló el reciente fallo de la jueza Natalia Ohman, quien declaró la nulidad de 125 detenciones y requisas a indigentes y cartoneros practicadas sin orden judicial por la Policía de la Ciudad.
 
Maximiliano Cesoni, secretario de la Asociación de Psiquiatras de Argentina y psiquiatra en el Borda, planteó desde un primer momento sus dudas con respecto al protocolo de salud mental para esta población. A más de cuatro meses de su implementación, señala que se ven más personas en situación de calle en el hospital psiquiátrico, pero no por intervenciones a través de esa normativa. “En el último tiempo cuando uno ve la clínica cotidiana de los pacientes, muchos están en situación de calle. Porque no hay red, no hay familia. Hace 15 días ingresó uno derivado del Alvear que sí cumplía la línea del protocolo”, aclara.
 
Además plantea las dificultades que implica tal protocolo en un sistema de salud “colapsado” y en el marco de una crisis social creciente: “Internar a alguien en situación de calle implica que después va a haber gran dificultad para la externación porque no hay red social. ¿Qué hacemos después con ese paciente? La oferta de alternativas no ha crecido. En algún momento el paciente podía tramitar un subsidio habitacional y más o menos le alcanzaba para una pieza. Hoy vale lo mismo que un alquiler y no pueden acceder”.
 
Gabriela Sánchez, delegada de ATE en el Borda, coincide en que la población en situación de calle “oficialmente” no llega al centro de salud a través del protocolo: “Pero sí estamos viendo una gran demanda desde la Dirección de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de internar no importa cómo. Notamos una cuestión compulsiva, te dicen ‘vemos dos camas libres en el sistema te mandamos a dos para internar’”. El tema fue debatido entre profesionales del lugar: “Decidimos hacer un protocolo propio del Borda. Especificar qué es lo que atendemos. Si no, nos vamos a transformar en un parador”.
 
La trabajadora continúa: “Si vas hoy a la guardia del hospital, parece una comisaría. Está llena de móviles policiales. No todos vienen por estar en situación carcelaria. Tenemos gente que la sacan de la calle o de un parador y la mandan acá. La guardia está estallada. Y los médicos están muy vulnerables. Si le decís a un policía que no, porque no da el perfil de patología mental, llama a un juez o forense y si hay orden judicial para internar no importa lo que uno opine. Trabajamos en forma carenciada y se deterioran la atención y el trabajo”.
 
“Las acciones que se están implementando no alcanzan. Muchas terminan siendo políticas de parche. Falta una discusión de políticas públicas integrales”, plantea Di Iorio.
 
Según registra el RUV, lo que está en aumento en CABA en particular son los operativos de ‘desplazamiento forzado’ de las personas del espacio público: “lo venimos visibilizando desde la Asamblea. Hay registros de este tipo filmados desde los primeros días de enero. Y vemos que están en aumento”. Algunas personas se mueven a otro punto de la Ciudad, otras retornan al poco tiempo al mismo lugar o aceptan momentáneamente el ofrecimiento de ir a un lugar a resguardo. “Algunas relatan que van las fuerzas de seguridad varias veces a sacarlas. Cinco, diez veces. Hay mucha circulación producto de estos desplazamientos”, denuncia Di Iorio. Además de que en estos operativos les tiran las pocas pertenencias que pueden llegar a tener.