- Política
- 11.07.2024
PROTESTAS
El Gobierno nacional deberá explicar ante la CIDH las graves violaciones al derecho a la protesta
Hoy, se da una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde el gobierno de Javier Milei debe dar explicaciones por la gravedad de las violaciones al ejercicio del derecho a la protesta.
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En la audiencia expondrán integrantes del CELS, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (FADUN), de la Unión de Trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), del Centro de Profesionales de Derecho Humanos (CEPRODH), de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y de H.I.J.O.S. Un representante del Estado nacional. Cada uno tendrá 20 minutos para exponer denuncias y luego hablará un experto de Naciones Unidas y un representante de la CIDH.
Las principales denuncias contra el gobierno de Milei se centran en el avance para desalentar las protestas con discursos que deslegitiman a quienes se movilizan en su contra, con la persecución a quienes integran organizaciones sociales, sindicales y políticas, y, sobre todo, con el crecimiento de la represión y la criminalización de manifestantes.
Se menciona el protocolo anti-protestas de Patricia Bullrich, que está señalado como la herramienta que dio a las fuerzas de seguridad libertad de acción para usar indiscriminadamente balas de goma, gases y palos, que en muchos casos apuntaron directamente contra trabajadores de prensa.
Según denunció el CELS en el informe “Bala y cárcel”, en los seis meses de gobierno de Milei ya hubo 665 personas heridas durante la represión a protestas en la Ciudad de Buenos Aires; 80 que sufrieron detenciones arbitrarias en CABA, Córdoba y Rosario, y 47 trabajadores de prensa que sufrieron heridas.
Según consignó Tiempo Argentino, ya hubo un duro comunicado en el que la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron su preocupación por el “uso desproporcionado de la fuerza pública contra personas que participaron en protestas pacíficas y contra periodistas en Argentina y los actos de violencia cometidos por particulares”, durante las manifestaciones contra la ley Bases en el Congreso.
Allí, llamaron al Estado argentino a “respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como garantizar la seguridad de la población y abstenerse de criminalizar la protesta y a quienes participan de ella, y a cumplir con los estándares interamericanos sobre el uso excepcional de la fuerza pública”.
También advirtieron por las detenciones arbitrarias y las “declaraciones estigmatizantes y criminalizantes contra manifestantes” realizadas por el Gobierno, que calificó como «terroristas» a quienes protestaron y describió los hechos como «un golpe de Estado moderno», para justificar la violenta represión.
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