El Gobierno nacional deberá explicar ante la CIDH las graves violaciones al derecho a la protesta

Hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza una audiencia para que el gobierno de Javier Milei de explicaciones por la brutal represión y la persecución contra manifestantes en las protestas y movilizaciones sociales de los últimos meses. Participa también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales, quienes iniciaron el reclamo ante el organismo regional.

En la audiencia expondrán integrantes del CELS, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (FADUN), de la Unión de Trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), del Centro de Profesionales de Derecho Humanos (CEPRODH), de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y de H.I.J.O.S.  Un representante del Estado nacional. Cada uno tendrá 20 minutos para exponer denuncias y luego hablará un experto de Naciones Unidas y un representante de la CIDH.

Las principales denuncias contra el gobierno de Milei se centran en el avance para desalentar las protestas con discursos que deslegitiman a quienes se movilizan en su contra, con la persecución a quienes integran organizaciones sociales, sindicales y políticas, y, sobre todo, con el crecimiento de la represión y la criminalización de manifestantes.

Se menciona el protocolo anti-protestas de Patricia Bullrich, que está señalado como la herramienta que dio a las fuerzas de seguridad libertad de acción para usar indiscriminadamente balas de goma, gases y palos, que en muchos casos apuntaron directamente contra trabajadores de prensa.

Según denunció el CELS en el informe “Bala y cárcel”, en los seis meses de gobierno de Milei ya hubo 665 personas heridas durante la represión a protestas en la Ciudad de Buenos Aires; 80 que sufrieron detenciones arbitrarias en CABA, Córdoba y Rosario, y 47 trabajadores de prensa que sufrieron heridas.

Según consignó Tiempo Argentino, ya hubo un duro comunicado en el que la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron su preocupación por el “uso desproporcionado de la fuerza pública contra personas que participaron en protestas pacíficas y contra periodistas en Argentina y los actos de violencia cometidos por particulares”, durante las manifestaciones contra la ley Bases en el Congreso.

Allí, llamaron al Estado argentino a “respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como garantizar la seguridad de la población y abstenerse de criminalizar la protesta y a quienes participan de ella, y a cumplir con los estándares interamericanos sobre el uso excepcional de la fuerza pública”.

También advirtieron por las detenciones arbitrarias y las “declaraciones estigmatizantes y criminalizantes contra manifestantes” realizadas por el Gobierno, que calificó como «terroristas» a quienes protestaron y describió los hechos como «un golpe de Estado moderno», para justificar la violenta represión.