Bullrich intimó a Camioneros para que paguen los gastos del operativo de una marcha

Bajo el marco de los recientes acontecimientos ocurridos el pasado 27 de diciembre en la protesta frente a los Tribunales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, el Gobierno argentino, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, ha enviado una carta documento al Sindicato de Camioneros intimándolo al pago de 40 millones de pesos. Este monto corresponde a los gastos derivados del operativo desplegado durante la mencionada jornada.

La comunicación, emanada de la cartera liderada por Patricia Bullrich, detalla el proceso de determinación de los costos totales incurridos por el Estado para garantizar la seguridad durante la marcha y señala la identificación de las organizaciones involucradas en la interrupción total o parcial del tránsito vehicular.

Entre las entidades mencionadas se encuentran la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica y CTA Autónoma.

En la carta, se destaca la mención específica al apoderado del Sindicato de Camioneros, instándolo al "pago solidario de $40.419.227,56, en el plazo perentorio de DIEZ (10) días hábiles de recepcionada la presente". El monto demandado se justifica como "costos operativos empleados para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público", con la advertencia de iniciar acciones legales en caso de incumplimiento.

Según Infobae, fuentes cercanas a la Confederación General del Trabajo (CGT) sugieren que esta medida podría extenderse a todos los movimientos mencionados en el comunicado. Cabe recordar que esta sanción por parte del Gobierno estaba contemplada en el protocolo antipiquetes presentado por la ministra Bullrich, el cual advertía sobre las consecuencias para aquellos que motivaran la movilización de fuerzas de seguridad para mantener el orden público durante manifestaciones.

La ministra Bullrich había anticipado esta acción como parte de su estrategia para hacer frente a los costos vinculados a los operativos de seguridad, subrayando que las organizaciones o individuos responsables serían los encargados de sufragar dichos gastos, y el Estado no asumiría el costo por el uso de las fuerzas de seguridad. Además, indicó que en caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se enviaría la información pertinente a la Dirección Nacional de Migraciones.