CELS y otros organismos denunciaron el “protocolo contra la protesta” en la ONU y la CIDH

Con más de 15.000 firma, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas denunciaron ante organismos internacionales el protocolo presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
 
Así, se enviaron dos comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respectivamente, denunciando el nuevo protocolo para protestas sociales anunciado por Bullrich.
 
Según informaron desde el CELS, “esas presentaciones tienen 1700 firmas de centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de los pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos”. Además, las cartas fueron acompañadas por más de 15 mil firmas que apoyaron a título personal.
 
“En los escritos enviados desarrollamos las críticas al protocolo publicado en la Resolución 943/2023 y explicamos que la mayoría de las disposiciones del Ministerio de Seguridad de la Nación fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos”, argumentaron.
 
Y agregaron: “El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta”.
 
También criticaron que el protocolo anti-piquete “contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas”.
 
Dada la información brindada, los organismos pidieron a la ONU y a la CIDH que “manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta”.
 
En la carta a la CIDH exigieron que adopte las medidas necesarias para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.
 
También se enviaron a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y, en particular, al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.
 
“Les solicitamos que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan”, concluyeron.