El encargado de licitar las máquinas del voto electrónico fue nombrado por un decreto de Larreta

Este año, el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta decidió que las elecciones de la Ciudad serán el mismo día que las nacionales pero con un cambio: el voto electrónico. Hoy, se termina el plazo que tienen las empresas para presentar ofertas en la licitación de las máquinas para votar.
 
Algunas de las irregularidades alrededor de esta modalidad son conocidas: los plazos para auditorías que determina el Código Electoral porteño, aprobado en la Legislatura en 2018 cuando ya gobernaba Larreta, son incumplibles; el sistema no parece garantizar la voluntad popular, habida cuenta de que ya fue hackeado en 2015; y el elevado costo, más de 6.000 millones de pesos, choca de frente con las necesidades de ahorro de recursos que promueve en campaña Juntos por el Cambio.
 
Sin embargo, según consignó Política Argentina, un elemento novedoso de la polémica alrededor de la aplicación del voto electrónico vincula lo político con presuntas irregularidades de gestión y la síntesis de dicha situación es un nombre: Ezio Emiliozzi y el Instituto de Gestión Electoral (IGE).
 
El IGE debutará este año en la administración de los comicios locales, de acuerdo con lo estipulado en el Código Electoral aprobado en 2018. Antes, el organismo a cargo era la Dirección Electoral del gobierno porteño. El nuevo ente promovido por Larreta debe ser autárquico, con personería jurídica pública estatal, autarquía financiera e independencia funcional, pero que aún no tiene confirmadas sus autoridades como debiera.
 
Es que Emiliozzi está a cargo del IGE designado en comisión, lo cual significa que cumple esa función por un simple decreto de Larreta. Esa situación coliciona con el Código Electoral que se aprobó en la Legislatura en 2018 bajo impulso del propio jefe de Gobierno porteño, ya que dicha normativa indica que tanto el titular del ente como un adjunto deben ser designados con 2/3 partes de la Legislatura, cosa que no ha sucedido hasta el momento.
 
Para conseguirlo, Larreta debería lograr que Emiliozzi u otra persona sea votada por el oficialismo y la oposición, en la práctica. Como el precandidato presidencial no tiene ese número, lo designó una primera vez por comisión y, a los 90 días cuando se le venció esa comisión, lo volvió a prolongar en el cargo por comisión una vez más.
 
La vacancia está contemplada en el Código Electoral y autoriza al jefe de Gobierno a nominar "en comisión" al director "hasta tanto se expida" el Parlamento. Pero aclara que "si la Legislatura no se expidiese en un plazo de 90 días de realizada la propuesta, el nombramiento expirará y el Poder Ejecutivo deberá elevar una nueva propuesta".
 
Es decir, quien está ejecutando la licitación de las máquinas para el sistema de voto electrónico que Larreta impuso para dirimir una interna política no tiene la designación firme de la Legislatura que determina el Código Electoral digitado por el propio alcalde porteño, sino solamente su firma y no el consenso de la amplia mayoría de las fuerzas políticas exigida.
 
Emiliozzi, el funcionario a cargo de la licitación y el proceso electoral actual con voto electrónico pero sin cumplir el requisito normativo, también ocupó esa función en los comicios también electrónicos que llevaron a Larreta a conducir la administración porteña.
 
Fue Director Electoral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y estuvo a cargo de la implementación de la boleta única electrónica por primera vez en el distrito en 2015.
 
Otras irregularidades en el voto eletrónico
 
Hoy se vence el plazo para que las empresas interesadas ingresen sus propuestas en la licitación y todo indica, en el diseño de dicha licitación, que la compañía elegida de ante mano es con la que se votó cuando Larreta consiguió su primer mandato al frente del gobierno porteño, Magic Software Argentina (MSA).
 
La licitación estipula un gasto de más de USD 29 millones, se reconoce de una manera escasamente elegante que el sistema puede fallar, se exigen ítems para la realización del voto electrónico de difícil cumplimiento según los plazos actuales, como por ejemplo el establecimiento de tiempos y condiciones de auditoría de imposible cumplimiento.
 
En ese sentido, la normativa indica que en 15 días, antes del 1 de junio, el gobierno porteño y la dependencia a cargo del funcionario puesto allí en comisión por Larreta deberían tener el sistema probado y auditado.
 
El monto estimado para la empresa que se quede con el negocio es de USD 29.100.000. Del desagregado surge que USD 23.280.000 corresponden a las PASO y primera vuelta, mientras que otros USD 5.820.000 se suman si hay balotaje. Pese a que la oferta debió realizarse en dólares, el pago será en pesos al tipo de cambio oficial. La cotización del dólar es a $232, lo que arroja un total de 6.751.200.000 pesos, pero abierto dado que el monto final se determina con la fecha de pago, precisó en un artículo El Destape.
 
Otros puntos controversiales que lanza el Código Electoral porteño tienen que ver con que describe que el sistema de votación electrónico debe ser “auditable, confiable, documentado, eficiente, equitativa, escalable, estándar, evolucionable, íntegro, interoperabilidad, recuperable y seguro”.
 
Como ya se desarrolló hace años, la auditabilidad es una característica que requiere meses con los que no se cuenta en ese caaso y, además, difícilmente sea total.
 
La cualidad de ser confiable queda ej jaque al tiempo que, valga la redundacia, el sistema fue hackeado en las elecciones de 2015. La documetabilidad tampoco parece posible, dado que  las empresas no publican el código fuente del funcionamiento de las máquinas de votación.
 
Finalmente, un punto relevante del que ya se dio cuenta también es que el sistema electrónico debería permitir, según el Código Electoral, que el votante “pueda verificar que la boleta emitida corresponde con su voluntad”.
 
Es no es posible, siendo estrictos, y no siéndolo, es menos posible que con la boleta de papel tradicional. La BUE significa que una persona que vota elige en una computadora a los candidatos que desea, de los que le aparecen en pantalla, y que esto se graba en una boleta especial por dos vías: con un chip RFID y se imprime.
 
El votante puede corroborar que lo que eligió en pantalla y se grabó en el chip coincida con lo que está impreso, pero nada garantiza que la computadora le muestre una cosa a la hora de votar y haga otra a la hora de contar. Con la boleta papel, los votos los cuentan personas, los fiscales, y son controlados por las distintas fuerzas políticas. Con la BUE, nadie, y las auditorías previas, ya se dijo, no se podrán hacer.