"La Policía de la Ciudad comenzará a usar Táser: ¿qué puede salir mal?", por Werner Pertot

El debate sobre las táser comenzó con Mauricio Macri como jefe de Gobierno y se extendió por más de una década. En el medio, quedó claro que hay ejemplos mundiales de personas asesinadas con esos aparatos que lanzan descargas eléctricas para incapacitar al blanco, por lo que era difícil decirles “armas no letales”. También quedó claro que la gestión PRO (primero con Macri, ahora con Horacio Rodríguez Larreta) no se detuvo ante ninguna argumentación en su necesidad de conseguir estas picanas aggiornadas. Y lo hicieron: consiguieron, por el momento, 150. Un número muy bajo, pero que le alcanzó al ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, para decir con alegría en una radio: “Tengo una buena noticia para ustedes y los oyentes. Para junio o julio vamos a tener operativas las Táser en la Ciudad”.

De esta forma, Burzaco confirmó que, tras las autorizaciones del Gobierno nacional, la Policía de la Ciudad (la misma que ya demostró su profesionalismo atacando a una persona a sillazos) contará con estos aparatos de descargas eléctricas para sumar a su repertorio en futuras represiones. Considerando el extenso prontuario que ya tiene esta policía (y su antecesora, la Metropolitana) en sus cortos años de vida, solo cabe preguntarse: ¿qué puede salir mal?

Muchas cosas, respondería, por ejemplo, Amnistía Internacional si le preguntaran. Es uno de los muchos organismos de derechos humanos que presentaron sus objeciones contra el uso de las táser. Lo último que hizo AI fue recomendar “suspender las compras de armas tipo Taser y otras armas de electrochoque, así como su uso, hasta que no se realice una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre su uso y efectos”. Adivinen si se hizo esa investigación rigurosa en la Ciudad.

Además, AI pidió “asegurar que todos los funcionarios reciban formación adecuada y basada en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”. Imaginen si se les está dando una formación adecuada, más allá de qué botón hay que apretar.

Además, el organismo de derechos humanos “prohibir terminantemente su uso contra mujeres embarazadas, ancianos, niños, niñas y jóvenes menores de edad, personas con trastornos emocionales, personas que presenten alguna discapacidad psíquica o física, personas en situaciones de vulnerabilidad, personas bajo los efectos de las drogas”. ¿Hay algún protocolo que el Estado porteño vaya a confeccionar en ese sentido? ¿Está garantizado que esto no va a ocurrir?

Mientras tanto, Larreta firmó un convenio con una ONG antiderechos para hacer un 0800 VIDA. Vida… ¿Ven la ironía?

Sobre esto, es importante decir: no hay nada malo en que el Gobierno de la Ciudad implemente una línea si es para cumplir con la ley de los mil días y brindar apoyo a las mujeres que deseen ser madres, pero necesiten apoyo. El problema está en que tercerice esto en una ONG que busca activamente impedir que las mujeres hagan uso de su derecho a abortar.

Como señaló la legisladora del FIT Alejandrina Barry, "esta línea telefónica antiderechos será atendida por una red de 400 organizaciones ligadas a las iglesias evangélicas, militantes contra el derecho al aborto y la Educación Sexual Integral".

Así como no ponemos a dirigir un hospital a una persona que, por sus creencias religiosas, esté en contra de las transfusiones, es un disparate darle esta función a las iglesias evangélicas. En todo caso, habría que poner ahí a personas profesionales, que estudiaron para asistir en estos contextos y que cobren un sueldo del Estado, no que dependan de una institución religiosa o de alguna de sus fachadas. De nuevo, ¿qué puede salir mal?

Absolutamente todo.