“El GCBA no sólo no acompaña a los vendedores ambulantes sino que los persigue”

La semana pasada, la Policía de la Ciudad desplegó un gran operativo en Once y decomiso 400 bultos de artículos relacionados a la venta en la vía pública. Como respuestas, las y los trabajadores nucleados en Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO) realizaron una protesta para denunciar la política de criminalización que aplica el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta contra ellos hace años.
 
En ese sentido, Nueva Ciudad entrevistó a Enrique Palmeyro de la Secretaría Letrada de Trabajo y Economía Popular, que forma parte de la Secretaría General de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad (MPD).
 
Palmeyro explicó que desde su secretaría del MPD empezarob a actuar en relación al trabajo de la economía popular reconociendo que en la Ciudad hay mieles de trabajadores encuadrables en esa categoría. Además, se trata de un sector de la economía que ya tiene reconocimiento jurídico a nivel porteño y nacional.
 
“En ese conjunto de trabajadores que es la economía popular hay, por ejemplo, cartoneros, talleres textiles, trabajo en barrios populares de comedores y, muy importante, las y los trabajadores que realizan tareas en la vía pública”, indicó para dar inicio a la entrevista.
 
¿Cuál es el escenario que enfrentan las y los trabajadores de la vía pública, sobre todo de vendedores ambulantes, en la Ciudad?
 
Ciertamente es uno de los sectores con el que comenzamos a trabajar cuando se creó este área en 2019. Desde ese momento, vimos con nitídez que el sector de los trabajadores en la vía pública es uno de los más perjudicados de la economía popular en la Ciudad de Buenos Aires. Porque no sólo no se los apoya en su avance para obtener derechos, sino que muchas veces se le impide trabajar.
 
En el caso de los cartoneros hay un sistema de recolección de secos a partir de la lucha que llevaron adelante las organizaciones, sobre todo el MTE. En este sistema se los reconoce y participan activamente del mismos. También, hay en ese caso una cantidad importante de trabajadores cartoneros fuera del sistema pero aún así no existe tanto impedimento de trabajo. Si bien vale aclarar que es grave que estén haciendo este servicio que la Ciudad necesita sin contar con sus derechos, lo cierto es que no se los mete preso a diferencia de los trabajadores de la vía pública que sufren mayor persecución.
 
A las y los vendedores ambulantes se les impide el trabajo, salvo algunas situaciones de ferias de artesanos. Pero el trabajador ambulante que vende artículos que otro hizo es perseguidos. El GCBA mira mejor al artesano que al vendedor. La gente que vende cosas, y la comunidad toma el servicio porque los compra, sufre criminalización y nos requiere especial atención por parte del accionar del MPD.
 
¿Cuál es el marco jurídico que contiene a las y los vendedores ambulantes en la Ciudad?
 
Si bien hay un tema con el marco jurídico para hacer esta tarea en la vía publica, en líneas generales es un trabajo que tiene fundamentos jurídico para ser impedido. Porque inclusive hubo causas que intervino el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad (TSJ) y determinó que es constitucional el accionar del GCBA para impedir determinadas actividades.
 
Del otro lado, también dice que tiene que haber registros para dar permisos que tampoco funcionan. Es decir, que hay para agarrarse y decir el GCBA debería hacer estos registros, pero también tienen elementos para hacer operativos que impidan trabajar. En ese escenario jurídico nos movemos.
 
Lo que hemos planteado es justamente ya que el GCBA tiene un Ministerio de Desarrollo Social y dentro de él una Secretaría de Economía Popular y una Ley de Economía Popular, que se haga una acción proactiva de acompañamiento de la venta en la vía pública y también de las otras actividades.
 
En ese sentido, incluso hemos convocado formalmente, a comienzas del 2021, al Ministerio de Desarrollo Social, al de Seguridad y al de Espacio Público, así como a las organizaciones para generar un trabajo sobre esto, evaluar la situación y elaborar propuestas de mejora que contemplen la diferentes realidad, incluso dijimos que participe CAME. Sin embargo, no prospero, hubo alguna reunión, pero después no hubo vocación.
 
¿Cómo accionan ante este escenario?
 
Una primer cuestión que hicimos fue hacer un relevamiento de trabajadores de la economía popular en la Ciudad, previo a la creación del registro nacional Renapep. No con la pretensión de censar pero sí de tener un cierto panorama. En ese sentido, hicimos en la calle un relevamiento de trabajadores autopercibidos de la economía popular para pedir algunos datos relacionados con su actividad. Se hizo en lugares como Constitución, Retiro, Avellaneda, Once, etc. y también con información de las organizaciones que ya tenían algunos registros por lo que era la implementación de la Ley de Emergencia Social y el salario complementario. Sumando esas dos fuentes, se registraron un poco más de 12 mil trabajadores de la economía popular en la Ciudad, de los cuales 3000 están haciendo tareas de venta ambulante y con el agregado de que no eran de organizaciones.
 
El mayor registro fue con los vendedores ambulante porque se les entregaba un comprobante de relevamiento y eso les daba cierta seguridad para trabajar en la vía pública. Es decir,  los tres mil anotados fueron a los puestos ellos mismos. Hubo lugares, por ejemplo Once, donde se fue cierta cantidad de días y si seguíamos yendo continuabamos registrando nuevos trabajadores.
 
Finalmente, nuestra estimación fue que hay 5.000 trabajadores de venta ambulante en la Ciudad. Lo que es reforzado con el Renapep, que indica que en la Ciudad reconoce aprox. 3000 vendedores ambulantes más 2000 feriantes, por lo que este número tiene cierta consistencia.
 
Desde el MPD insistimos en la existencia de una política pública proactiva de los vendedores ambulantes, lo que incluye un relevammiento hecho por el Ejecutivo. Porque lo que hicimos fue con audacia hacer un registro de autopercibidos. Otra cosa sería que lo haga el GCBA.
 
¿Con que cifras oficiales se maneja el GCBA?
 
En este momento, el GCBA en el marco de la Ley de Economía Popular tiene un registro pero es de unidades productivas, es al revés del nuestro, no es de trabajadores. Hay otra organización con la que trabajamos muy articuladamente que es la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular (RITEP), allí hay también Universidades nacionales. Desde allí, entendemos que debería haber un registro de unidades productivas y de trabajadores.
 
A nivel nacional hay de trabajadores, pero en la Ciudad es de unidades productivas, que es por ejemplo un taller de confección de ropa. Sin embargo, ahí quienes venden ambulante no entran. Sí lo harían los feriantes que se cooperativizan y entran como feria.
 
En este registro de la Ciudad, que tiene unas 3 mil y pico de unidades productivas registradas, la información que brindan no detalla cuáles son feriantes. La información que publican es sólo la cantidad de unidades resgistradas con la cantidad de trabajadores que contienen, pero no se sabe cuáles son feriantes. En este momento, estamos haciendo un oficio para pedir esa información en relación al relevamiento que es una base para hacer una política pública.
 
Lo que vemos que no hay, y es imprescindible, es que el Ejecutivo tenga una política que no se limite a perseguir a las vendedoras y vendedores.
 
¿Que otras tareas afrontan en la secretaría para con este sector?
 
En cuanto el acompañamiento de los casos particulares, hay un acuerdo con la UTEP que desde la Secretaría de Economía Popular se atiendan las situaciones que se presentes, por ejemplo, en caso de demora o detenciones de vendedores. Por otro lado, también intervenimos cuando hay decomiso de mercaderia, que muchas veces tiene condiciones irregulares. Las detenciones son por agresiones y resistencia a la autoridad, lógicamente se dan en ese marco ya que los y las trabajadoras tiene que llevar la leche a la casa y se dan situaciones así.
 
También hay casos de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad y personal gubernamental que se denuncian, frente a eso trabajamos en la localización de detenidos con la Dirección de Asistencia a las Personas Privadas de la Libertad del Ministerio de la Defensa Pública. Se trabaja articuladamente para brindar la información a las organizaciones y familiares. Además,  tratamos de ayudar en la comunicación con las diferentes partes del sistema judicial que intervienen. Un trabajo de puentes para que funcione.
 
Hay casos de violencia de género, al interior de las familias de las trabajadores y trabajadoras y los acompañamos, a esto le prestamos particular atención, hay un equipo de violencia de género que viene trabajando con los difrentes grupos del MPD para ampliar la mirada y tener mayor percepción de esa realidad.
 
Otro punto en el que trabajamos son los decomisos. Cuando al trabajador se lo detiene, en general, se le decomisa la mercadería y la recuperación de ésta es especialmente engorroza. Cuestionamos cuál es el mensaje, con esto de tener una política proactiva, si al trabajador ambulante se le quita la mercadería y despues encima no se le devuelve, sino que queda en una especia de agujero negro. Porque no hay un proceso donde un juez dictamina que su mercadería queda decomisada y el GCBA la remata, venda o quema, sino que desaparece. Entonces, de un lado tenes trabajadores que se ganan el mango a la luz del día como se puede, y del otro tenes al Estado que teóricamnete es formal, pero le desaparece la mercadería. Así, la gente jamás va a creer en el sistema.
A ese trabajo, que es muy engorrozo, le ponemos mucha energía pero no logramos mucho. El resultado es más simbólico que cuantitativo. Se logra haciendo mucho trabajo de hormiga.
 
El vendedor muchas veces dice “prefiero que se caiga la causa y perder la mercadería”. Pero descubrimos que muchas veces en las fiscalías zonales ya se archiva la causa y se ordena algo en relación a la mercadería, pero la persona no se entera. Ahí es donde vemos la brecha para recuperar. En este punto resaltamos que la fragmentación del sistema judicial (en tanto defensores, áreas, fiscalías) atenta contra esto, porque se hace muy difícil. Por ejemplo, como Secretaría letrada actuar directo con la fiscalía no se puede, tiene que intervenir un defensor y es algo que tenemos que ver como simplificar.
 
Se podría solucionar, es relativamente simple: se decomisa mercadería y si la causa se archiva, como la mayoría de los casos, se ordena la devolución, se notifica, alguien que tenga vocación de ocuparse se contacta con la personas interesada y se la devuelve. Si hubiese intención se resuelve.
 
También sucede que en el momento del decomiso, muchas veces no aparece en el acta la mercadería realmente decomisada. Hemos hecho una presentación, sin resultado por ahora, hablando con los propios vendedores. Uno nos dijo: “se resuelve fácil, nos tiene que sacar una foto con la mercaderia y el vendedor para asegurarse de que sea lo decomisado”. Fue una idea de los propios vendedores.
 
Otra cuestión con el decomiso, que tiene mucha complejidad, es la intervención de la Justicia federal. Muchas veces en los operativos se alega la violacion de la Ley de Marcas y, en ese caso, interviene la Justicia federal lo que es una complejidad mayor porque la intervención del MPD es mucho más acotada. Lo que planteamos como cuestión estructural es que en realidad ahí no hay una intención de engañar vendiendo un short como Adidas. Si me compro un pantalón en Avellaneda sé que no me estoy comprando uno de marca, sino que es a todas luces una imitación.
 
Ahí hay un tema a discutir: ¿el Estado de qué lado esta? porque la marca podrá alegar que se viola la ley, hay que ver si el Estado está de su lado o de la persona que dice “se sabe que es una imitación y vivo de eso”. Es importante destacar que la economía popular no es una cuestión conjuntural sino estructural por lo menos en este estado de evolución del mundo. Entonces, si es estructural porque hay personas que se organizan de otra manera para trabajar y vivir, el Estado tienen que acompañar esa manera. Porque estamos hablando de 6 millones de personas en todo el país. Si una política muy exitosa de dinaminación de la economía genera 200 mil puestos de trabajo por año que es lo que estiman, y eso es el crecimiento vegetativo, entonces este grupo no va a entrar.
 
Entonces, si existe el Estado tiene que acompañarla. Si la realidad muestra que hay un sector muy dinámico que vende estas cosas, el Estado tiene que pensar qué hace: ¿se suma al ejército de abogados de Nike o analiza cómo puede trabajar esta gente? Las empresas ya tienen quienes las defiendan.
 
Deberíamos, de mínima, sacar una ley que distinga la normativa de marcas para que dejen de atarcar a la gente con una causa federal por vender un short en la vía pública.
 
¿Cómo atravesó este sector la pandemia del coronavirus, dado que regía el aislamiento obligatorio que impedía su trabajo en la vía pública?
 
Fue más fuerte porque por lo general es una población poco cubierta por medidas como el IFE, ya que muchos son extranjeros con situación irregular de residencia. De hecho presentamos un amparo para que el GCBA le dé alguna atención alimentaria a estas personas. Planteamos que había un colectivo que la política nacional no cubría y era razonable que el GCBA lo atienda. Ese amparo prospero formalmente, eran nueve casos, después fue muy difícil el cumplimiento, hubo acompañamiento personalizado, pero era complicado que efectivamente le den habitacionales. Algo se logró, pero fue muy difícil.
 
Luego, cuando empezaba a terminar el aislamiento fue un momento de especial conflictividad porque salían con más necesidad y las fuerzas de seguridad estaban amparadas en la crisis sanitaria para realizar operativos. En ese momento (inicio de 2021) hicimos una mesa con el GCBA que sirvió un poco, porque si bien no continúo el trabajo, los operativos frenaron. Funcionó para calmar.
 
En la actualidad, no es un momento de intensa persecusión, pero hay. Se sigue necesitando una política proactiva. Nosotros hemos ofrecido al GCBA desde RITEP hacer un estudio de la situación para definir cuántas personas se ven afectadas, cuáles son las problemáticas que enfrentan y proponer algunos caminos de solución como lugares de ventas, modalidades. Eso por ahora no tuvo cause.
 
De trazo grueso la situación es que a la venta en la vía pública, salvo los artesanos, el GCBA no sólo no la acompaña sino que la persigue con diferentes niveles de intensidad.