Mercadería que "desaparece": qué hay tras los decomisos del GCBA a vendedores ambulantes

Hoy, la Policía de la Ciudad realizó un fuerte operativo y secuestró más de 400 bultos de artículos relacionados a la venta en la vía pública. Ante esto, la secretaria general de Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), Luzmery Villanueva, denunció que "la Justicia porteña y las fuerzas de seguridad del Gobierno de la CABA, están una vez más, robando la mercadería a los trabajadores de la Economía Popular".
 
La denuncia es fuerte pero tiene asidero, según la explicación que dio a Nueva Ciudad Enrique Palmeyro de la Secretaría Letrada de Trabajo y Economía Popular, que forma parte de la Secretaría General de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.
 
Palmeyro trabaja con el sector que contiene, entre otros trabajadores, a cartoneros, trapitos, feriantes, artesanos y los más perseguidos: las y los vendedores ambulantes. Desde allí, evalúo la situación de los operativos y los decomisos a cargo de la Policía de la Ciudad y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
 
Ante todo, reconoció que el GCBA no tiene una “política de acompañamiento” al sector de vendedores ambulantes sino que al contrario “los persigue”. Además, advirtió que no hay cifras oficiales de cuántas personas realizan este trabajo, lo que no permite generar un diagnóstico que derive en políticas “proactivas” para mejorar las condiciones de trabajo.
 
En ese escenario, las y los trabajadores deben enfrentar operativos policiales, que pueden derivar en su detención, y el decomiso de su mercadería. Sobre esto último, Palmeyro relató que “la recuperación de esa mercadería secuestrada es especialmente engorrosa”.
 
“Se le decomisa la mercadería y después encima no se le devuelve, queda en una especia de agujero negro porque no hay un proceso donde un juez dictamina que esa mercadería queda decomisada y el GCBA la remata, venda o quema, sino que desaparece”, detalló y cuestionó: “Entonces, de un lado tenés a  trabajadores que se ganan el mango a la luz del día como se puede, y del otro al estado que teóricamente es formal y le desaparece la mercadería”. “La gente jamás va a creer en el sistema”, sentenció.
 
Pese a lo engorroso de la tarea, desde esta secretaría del MPD le ponene “mucha energía” a la recuperación de la mercadería aunque reconocen que “el resultado es más simbólico que cuantitativo”.
 
Cómo “desaparece” la mercadería
 
Por un lado, Palmeyro explicó que muchas veces al armar una causa al vendedor, este “prefiere que se caiga la causa y perder la mercadería”, sin embargo, “muchas veces en las fiscalías zonales ya se archiva la causa y se ordena algo en relación a la mercadería pero la persona no se entera; ahí es donde vemos la brecha para recuperar”.
 
En relación a esta problemática, Palmeyro sostuvo que se debe a la “la fragmentación del sistema judicial” y “es algo que tenemos que ver como simplificar”. Una de sus propuestas es “relativamente simple” ya que explicó: “Se decomisa mercadería y si la causa se archiva, como sucede en la mayoría de los casos, se ordena la devolución y se notifica”. “Si hubiese vocación se resuelve”, aseguró.
 
Por otro lado, hay un tema de mayor irregularidad y es que “muchas veces no aparece en el acta la mercadería realmente decomisada”. En ese sentido, desde la Secretaría del MPD realizaron una presentación, que aún no fue respondida, con una propuesta de los propios trabajadores. “Uno nos dijo, se resuelve fácil: nos tiene que sacar una foto con la mercadería y el vendedor para asegurarse de que sea lo decomisado”, indicó.
 
Justicia Federal y Ley de Marcas
 
Por último, Palmeyro mencionó otro conflicto que se afronta a la hora de los decomisos y es la intervención de la Justicia federal. “Muchas veces los decomisos y en los operativos se alega la violación de Ley de Marcas y, en esa caso interviene, la justicia federal lo que es una complejidad mayor porque la intervención de la MPD es mucho más acotada”, explicó.
 
Este escenario se plantea como una “cuestión estructural” ya que en la venta de productos en la vía pública “no hay una intención de engañar vendiendo un short como Adidas”, advirtió y agregó: “Si me compro un short en Avellaneda sé que no me estoy comprando uno de marca, sino que es a todas luces una imitación”.
 
En ese sentido, Palmeyro cuestiona el rol del Estado: “La marca podrá alegar que se viola la normativa, hay que ver si el Estado está de su lado o del lado de la persona que vive de eso”. En este punto, lo que destacó el secretario es que la economía popular no es una “cuestión conyuntural” sino que al contrario es “estructural”.
 
Cabe recordar que hay seis millones de personas en todo el país viviendo de este tipo de trabajo. “Si hay persona que se organizan de otra manera para trabajar y vivir, el Estado tienen que acompañar esa manera”.