La justicia rechazó bloquear la página web del Mapa de la Policía en la Ciudad

El juez en lo penal, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires Pablo Casas rechazó este jueves un pedido para dar de baja la página web denominada el Mapa de la Policía, por lo que no hizo caso a la exigencia de la fiscal Celsa Ramírez quien pidió obstaculizar el sitio digital al considerar que reemplazaba como lugar de denuncias a las autoridades oficiales.

La aplicación (www.mapadelapolicia.com) fue presentada por la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, junto a organizaciones civiles como el CELS y la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), y busca ser una herramienta para los vecino y vecinas del distrito, contra el abuso de autoridad de la Policía a cargo de Horacio Rodríguez Larreta.

La principal denuncia que recibió la página, más precisamente la legisladora que fundó el sitio, fue por intermedio de la dirigente que en el presente es afín al PRO, Florencia Arietto, que señaló un “abuso de autoridad” por parte de la diputada.



La causa quedó a cargo de la fiscal Celsa Ramírez que pidió que se baje el sitio web. “Deviene necesario adoptar los mecanismos para hacer cesar los efectos del delito por medio del bloqueo del acceso de la página web”, sostuvo la fiscal.

Por su parte, la abogada en representación de Fernández, María del Carmen Verdú, se presentó en la causa y pidió que se rechace el dictamen de la fiscal, aclarando que “el objetivo del registro es visibilizar el abuso policial, para fortalecer las redes de cuidado ciudadano”.

Posterior a recibir los pedidos de ambas partes, el magistrado definió: “Considero que carece de sustento el señalamiento realizado en la denuncia, en cuanto a que la iniciativa plasmada en el ´Mapa de la Policía´ implique la implementación de un canal de recepción de denuncias”.

Y opinó: “La iniciativa no está orientada a desplazar la actuación de los organismos judiciales que detentan la competencia constitucional para investigar y juzgar presuntos delitos y/o contravenciones cometidas por funcionarios/as policiales, ni tampoco a sustituir la actuación de los organismos administrativos que han sido normativamente instituidos para sustanciar actuaciones administrativas respecto de los/as funcionarios/as policiales denunciados/as”.

Finalmente, el juez Casas destacó que el derecho al acceso a la información pública está establecido en la Constitución Nacional.