Denuncian que la Legislatura “sigue discapacitando” con las modificaciones al Código de Edificación

El presidente de la Fundación Rumbos, abocada a  “impulsar la accesibilidad para todos, en un hábitat inclusivo”, amplió su demanda para que se declare la inconstitucionalidad de la ley N° 6438 que modifica el Código de Edificación de la Ciudad.

Eduardo Joly, presidente de esa entidad, presentó una ampliación de la denuncia y planteó que “al igual que ocurrió tres años atrás con la Ley 6100 del Nuevo Código de Edificación, no se respetó el derecho de participación y el debido proceso, que incluye el derecho a ser oído y recibir una respuesta del Estado fundada en Derecho. Lo antedicho se evidencia en que no se convocó a las organizaciones de la sociedad civil para conocer sus opiniones en relación a las modificaciones ni hubo respuesta a lo señalado por el colectivo de personas en situación de discapacidad en la Audiencia Pública, transgrediendo lo dispuesto por la Ley 6 (arts. 2 y 57 bis) y por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art 4.3)”.

La ampliación de la denuncia apunta a que “con la sanción de estas modificaciones, nuevamente se admiten violaciones al derecho a la accesibilidad que impactan sustancialmente en la vida de las personas en situación de discapacidad y no toman en cuenta la diversidad de necesidades y de lugares de uso”. Desde Rumbos advirtieron que “la circulación peatonal, la circulación vertical en los edificios y la permanencia prolongada en cualquier actividad, se verán seriamente dificultadas, cuando no impedidas”.

Entre las cuestiones que se critican, se plantea que “se da continuidad a exiguas dimensiones de los locales de vivienda, con su máxima expresión en la ‘vivienda mínima’, expulsivas de personas con movilidad reducida, en particular personas con discapacidad y personas mayores que requieren de asistencia”. Esto se da en la concepción de monoambientes de 21,5m2 (la vivienda mínima anterior era de 27m2) o en baños mínimos de 2,5m2 sin espacio suficiente o margen de maniobra para silla de ruedas o scooter (para ser accesibles necesitan de, al menos, 4m2). Otro punto advierte que en las modificaciones “no se menciona a la pandemia COVID-19 y a las futuras que se prevén. Al ignorar este contexto, las modificaciones resultan generadoras de ambientes mezquinos e insalubres para el conjunto de la población”.

Rumbos cuestionó que “al dar marcha atrás con pautas de accesibilidad presentes en la Ley 962, sin ampliarlas ni actualizarlas, incluso omitiendo algunas de ellas esenciales, la Legislatura Porteña refuerza las condiciones materiales y sociales que generan discapacidad”.