Cecilia Barros, responsable del Frente de Mujeres Evita CABA: “Aborto legal es justicia social”

La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, realizó un anuncio que es resultado directo de la lucha que dimos cientos de mujeres, lesbianas, travestis y trans a lo largo de la historia: el Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para que sea debatido y votado en sesiones extraordinarias.

Desde los feminismos populares celebramos con infinita alegría el compromiso que asume el gobierno de Alberto Fernández de impulsar la legalización de una práctica que cientos de miles de mujeres ya realizan en nuestro país, muchas veces de forma insegura, siendo perseguidas, juzgadas y empujadas a la clandestinidad, exponiendo su integridad emocional, física e incluso su libertad. Exposición que aumenta junto con los niveles de pobreza y de falta de acceso a la información.

Es por esto que desde los feminismos populares decimos que “aborto legal es justicia social”, ya que implica reconocer al aborto como un asunto de salud pública, en donde el Estado tiene que ser el que garantice las condiciones necesarias para que se realice de manera segura. Pero una ley de aborto legal, seguro y gratuito también es construir igualdad de oportunidades entre quienes no tienen más opción que la desidia y quienes sí tienen recursos para realizar esta práctica de forma privada.

Necesitamos que el proyecto tenga en cuenta las experiencias que vienen realizando las consejerías de salud sexual integral de distintas organizaciones, como espacios de construcción de conocimiento colectivo que acompañan a las mujeres y personas gestantes con información sobre la legislación existente, como también sobre los procedimientos posibles para que los abortos sean seguros, no estén ligados al padecimiento.

Estas consejerías llevan años trabajando en redes con distintas instituciones y fundamentalmente acompañando la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que abortar con pastillas de misoprostrol es la forma más segura de realizar esta práctica. Este fármaco brinda autonomía en la decisión de abortar, porque es un tratamiento que se puede realizar de forma ambulatoria, desde nuestros hogares, acompañadas por profesionales y/o personas de confianza, convirtiendo esta práctica en parte de nuestra salud sexual integral y no en un hecho traumático y/o penalizado.

Con el mismo entusiasmo acompañamos el compromiso que se asumió por la implementación de laEducación Sexual Integral (ESI) y el proyecto “Mil días” para acompañar las maternidades y las infancias durante los primeros tres años de vida. El deseo de maternar y la posibilidad de elegir tiene que estar garantizado desde el acceso a los recursos económicos y a la información suficiente para proyectar nuestras vidas. Por eso es fundamental la implementación inmediata de la ESI y facilitar el acceso a diversos métodos anticonceptivos para evitar la gestación de embarazos no deseados y no exponer a quiénes carecen de recursos a transitar maternidades dolorosas e infancias sumidas en la pobreza.

El compromiso del Estado es el de construir un país libre de violencia de género, para terminar con el flagelo que sufren las mujeres y las personas gestantes es necesario ponerle fin a la clandestinidad del aborto y garantizar derechos para erradicar el prejuicio y el tabú construidos alrededor de esta práctica. Con los anuncios del otro día se ha dado un paso en el sentido correcto y lo celebramos.

Cecilia Barros es docente, responsable del Frente de Mujeres Evita CABA y Coordinadora distrital de Promotoras Micaela García.