Repudian una resolución del GCBA: “Para los adolescentes de CABA reclamamos cuidado, no represión”

El Gobierno de la Ciudad emitió una resolución el pasado 27 de marzo (DI-2020-19-GCABA-DGRPJ) para destinar el edificio donde funciona la Residencia Socioeducativa de Libertad Restringida “Juana Azurduy” como “Residencia Socioeducativa de Libertad Restringida destinada a aquellos adolescentes que muestren franca oposición al cumplimiento” de la cuarentena obligatoria ante la pandemia de coronavirus. Especialistas y organizaciones abocadas a los derechos de las y los adolescentes expresaron su repudio a esta “medida de criminalización” que “resulta a todas luces inconstitucional y violador de sus derechos”.

“Disponer una medida de criminalización de los y las adolescentes en el contexto de la pandemia por COVID-19 además de ser ruin desde el punto de vista humano, resulta a todas luces inconstitucional y violador de sus derechos. En este contexto en el que ‘quedarse en casa’ no es lo mismo para todos y todas, brindar acompañamiento y contención a los y las adolescentes, frente a un fenómeno del cual no podemos brindar ni experiencia previa ni una perspectiva es obligación del Estado, contrario de disponer medidas de criminalización”, alertaron las organizaciones, mediante un comunicado.

Y remarcaron: “Muy especialmente, expresamos nuestra preocupación en razón cómo afecta esta situación a los y las adolescentes de los barrios más vulnerados, cuyas condiciones de vida y edilicias de sus hogares lejos están de cumplir con previsiones de salubridad, situación agravada por la falta de saneamiento de los barrios que se ven azotados además por la epidemia del dengue, la tuberculosis y el sarampión”.

“Con esta medida, que afecta el sentido más elemental del concepto de protección integral, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sella su política de vaciamiento y abandono a los más jóvenes”, denunciaron. Y añadieron que “no sólo el GCBA no está legitimado ni por la Constitución de la Ciudad, ni la de Nación y los Pactos de Derechos Humanos a adoptar semejante resolución, sino que además, la misma afecta el sistema legal vigente, en la medida que no existe ninguna medida que pueda ser adoptada respecto de delitos por los cuales niños, niñas y adolescentes no son punibles, como puede ser el incumplimiento de las medidas de aislamiento dispuestas. De nuevo el GCBA confunde pobreza con criminalidad e implementa sistema penal donde debe reforzar la protección de derechos”.

“Exigimos que el GCBA derogue la norma indicada, y refuerce las medidas de protección de niños, niñas y adolescentes en los sistemas de salud, protección contra la violencia intrafamiliar y policial, fortalezca el servicio de alimentación (teniendo consideraciones particulares para la primera infancia, la infancia y la adolescencia), efectúe a las fuerzas de seguridad recomendaciones afines al trato respetuoso de derechos humanos de niños niñas y adolescentes y adopte las medidas efectivas para separar de su cargo a los agentes que no cumplan con su función en el marco del estricto cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, plantearon en el comunicado, que lleva la firma de la Mesa de Articulación de Niñez, Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Espacio No a la Baja, Red Argentina No Baja, CTA, Foro por los Derechos de la Niñez, entre muchas otras organizaciones.

El repudio cuenta con la adhesión de Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Alejandrina Barry (diputada PTS/FIT CABA), Myriam Bregman (Diputada FIT CABA Presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura Porteña), Área de Niñez Ate Capital, APIABA (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – María Elena Naddeo), María Florencia Gentile (ex plenarista del Cdnnya, Programa Infancias y Juventudes, UNGS), Comisión de Niñez APDH – Gustavo Gallo, La Boca Resiste y Propone – Maluca Cirianni, Equipo Docente Sede Fines EEM Nro 6 DE 5 - Villa 21/24, Trabajadorxs de CAINA, Colectivo Educadoras de Villa 21/24 y Zavaleta, y una larga lista de especialistas y espacios abocados a los derechos de niños, niñas y adolescentes.