Auditarán el tramo del Paseo del Bajo que había sido adjudicado al primo de Macri

Tras muchas idas y vueltas, finalmente la obra emblema de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el Paseo del Bajo, será fiscalizada por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) el próximo año. Pero sólo habrá control sobre el tramo C de la obra: el que había sido entregado mediante licitación pública a la empresa Iecsa, entonces a cargo de Ángelo Calcaterra –primo del presidente saliente, Mauricio Macri- por un contrato de 3.183 millones de pesos.

Calcaterra luego vendió su empresa a Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, que finalmente realizó la obra. Pero en la denuncia penal iniciada en mayo de 2019 por la presidenta de la AGCBA, Cecilia Segura, hay sospechas de que el proceso licitatorio que llevó a cabo Autopistas Urbanas SA (AUSA) benefició al familiar de Macri para quedarse con el tramo más codiciado.

Si bien aún no se firmó la planificación oficial, el Equipo de Investigación de Perfil Educación confirmó con los siete auditores de la AGCBA que en 2020 se fiscalizará la parte más importante en términos económicos del Paseo del Bajo, con un contrato que equivale casi al 50% del total de los tres tramos de la obra y que representa la inversión porteña más alta de los últimos diez años.

Entre las irregularidades señaladas sobre ese tramo, se apuntaba que la documentación para el respaldo de la adjudicación era "incompleta y desordenada" y que no se justificaba la apertura de los sobres en desorden con respecto a lo que indicaban los pliegos, un error que benefició a Iecsa para ganar el tramo más caro.

La causa judicial abierta es contra Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño; Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte; Carlos María Frugoni, presidente de AUSA; y Natalia Bustos, jefa de compras de AUSA. El Equipo de Perfil se contactó con todos los denunciados pero ninguno quiso realizar declaraciones.

"Hice la denuncia porque era muy grosera la maniobra, había posible comisión de delito y como funcionaria pública tengo el deber de denunciar", afirmó Cecilia Segura Rattagan, presidenta de AGCBA, para en diálogo con ese equipo. La denuncia de Segura plantea que, de haberse abiertos los sobres en el orden pautado por los pliegos, la obra hubiera costado 309 millones menos.