Reconocimiento facial: el GCBA aseguró que tiene 95% de aciertos, pero según datos oficiales es menor al 50%

por Luciana Rosende

El sistema de reconocimiento facial es una de las grandes apuestas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en materia de seguridad, y fue uno de los ítems resaltados en la campaña que lo llevó a la reelección. Pero el mecanismo sigue generando fuertes cuestionamientos en materia de derechos. Días atrás, una organización presentó una acción judicial para declarar su inconstitucionalidad. Ahora, el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) difundió datos oficiales obtenidos a partir de un amparo: pese a que el vicejefe Diego Santilli aseguró que "las pruebas tienen el 95% de acierto", las estadísticas reflejan que fue menor al 50%.

“Lo más preocupante es que el nivel de eficiencia que decían que tenía el sistema en realidad no es así, según la respuesta de ellos. Hasta agosto había 3059 alertas y para fines de julio habían puesto a disposición de la Justicia a 1337 personas. Una eficiencia menor al 50%. Es decir que lo más probable es que la persona que vayan a detener no sea la persona buscada y con pedido de captura”, advirtió el abogado Víctor Castillejo, miembro de la asociación civil ODIA, en diálogo con Nueva Ciudad. Cabe recordar casos como el de un hombre que pasó casi una semana preso por error, o una mujer que fue detenida por su parecido con una prófuga.

El Observatorio de Derecho Informático Argentino nació hace casi un año y está integrado por abogados e informáticos preocupados porque “hay una separación muy grande entre lo que la ciudadanía entiende como tecnología y sus efectos prácticos en los derechos de las personas”. Una de sus primeras iniciativas apuntó a conocer más sobre el sistema de reconocimiento facial tan realzado por Larreta y Santilli.



“Lo que nos sorprendió es que el 3 de abril se anunció y a los 20 días ya lo estaban usando. Pese a que hay cuestiones profundas que tienen que ver con la seguridad, con datos sensibles. Así como uno tiene la huella dactilar, todos los puntos que toma la cámara de la cara son como la huella. Es un dato sumamente sensible. Alguien con acceso a esa información puede usar esos datos para uno vaya a saber qué. Suena fantasioso, pero si uno lo piensa de manera profunda, el mundo cambia año a año y hay cosas que hace 10 años eran impensadas”, advirtió Castillejo. Y agregó: “Ahora con el desarrollo de la tecnología, cualquier pequeño dato que le saquen a uno puede tener implicancias. No lo decimos nosotros, es una situación sobre la que varios organismos internacionales llamaron la atención”.

Ante ese panorama, presentaron un pedido de acceso a la información pública que el Gobierno de la Ciudad contestó en agosto. Como la respuesta fue muy incompleta, recurrieron a un amparo. Por esa vía, en las últimas horas accedieron a –una parte de- la información oficial requerida sobre el sistema de reconocimiento facial.

Además de la baja efectividad, el Observatorio alertó sobre la cantidad de personas autorizadas por el Gobierno de la Ciudad a acceder a los datos del polémico sistema: 114 usuarios. “Si este supuesto sistema es por inteligencia artificial y automatizado, ¿por qué tiene que tener 114 personas autorizadas? Cualquier dato patronímico es importante. Si hay 114 personas con acceso a esos datos, ¿cómo aseguran ellos que esos datos no se van a filtrar? Me parece una locura, desde el punto de vista de seguridad informática e institucional”, consideró el letrado.

Pero además, el Observatorio difundió que el Ejecutivo sigue sin responder sobre cuestiones abstractas que figuran en el pliego con los requisitos para el funcionamiento del polémico sistema de reconocimiento facial, como la detección de personas en ‘actitud sospechosa’. “No quieren responder sobre las expresiones abstractas que figuran en el pliego. ¿Qué parámetros utilizan para decir que una persona está en actitud sospechosa? Nos preocupa eso”, planteó Castillejo. Y remarcó: “No es que el sistema funciona mal y entonces pone en riesgo a la gente. El hecho de su existencia pone en riesgo a la gente. No le dijeron a la ciudadanía que era una cuestión de vigilancia, pero el sistema ya está en la calle”.

Desde ODIA planean insistir ante la falta de respuesta del Gobierno de la Ciudad sobre aspectos puntuales del pliego, pero además apuntan a poder presentarse como amicus curiae si prospera el pedido de declaración de inconstitucionalidad presentado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y se desarrollan audiencias sobre este tema. También evalúan presentar un amparo en paralelo “para atacar en todos los frentes y tratar de evitar que siga siendo implementado el sistema de reconocimiento facial, por poner en peligro a la ciudadanía”.