La familia de Pérez Volpin denunció al juez de la causa en el Consejo de la Magistratura

El juicio por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin sigue retraso y, ahora, la familia realizó una denuncia ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación para solicitar que se revise el accionar del juez de la causa, Javier Anzoátegui, quien dirige el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal.

La familia denuncia que el juez los ofendió: "Lo hemos leído en sus resoluciones, (..) pero sobre todo lo hemos percibido a través de cada una de sus advertencias, de sus amenazas, de sus ´dobles sentidos´, de sus insultos hacia la profesión de periodista que con tanto amor y dedicación ejerció nuestra querida Débora durante casi 30 anos de su existencia".

Acompañaron con su firma Martín Lousteau, Myriam Bergman, Agustín Rossi, Mario Raúl Negri, Gabriel Solano y Nicolás Massot, entre muchos otros. También, de conocidos periodistas, muchos de ellos colegas de Pérez Volpin.

El malestar tiene que ver con los retrasos innecesarios en la realización del juicio oral y público. En particular, la realización de una Junta Médica, que fue pedida por las defensas de los acusados y prolongó el período de instrucción (para la familia, innecesariamente). Y luego, la postergación del juicio apenas dos días antes de que comenzara, que se debió al pedido de probation que el endoscopista llevó hasta la Corte Suprema.

Para la querella, esta suspensión del juicio no estaba justificada, sino que fue una "extraña adaptación normativa que, de manera antojadiza, realizó el Magistrado". "Aquella inédita suspensión -incomprensible jurídica y racionalmente-, (..), resultó la confirmación de aquella pasividad con la que el Magistrado se venía comportando en los días previos a la realización de un debate oral, cuya fecha de inicio (10 de junio de 2019) había sido establecida tres meses antes -el 20 de marzo del corriente año-", indicaron.

Según denuncia la familia, a tan solo dos días de que comenzara el juicio oral no se había notificado a ninguno de los 58 testigos que deben declarar en la causa. Según consignó La Nación, el magistrado tiene una enemistad manifiesta con uno de los abogados que la representan, Diego Pirota, a quién el juez le inició un expediente por ciertas declaraciones periodísticas.