Incertidumbre y preocupación entre vecinos de la Villa 31 ante su inminente relocalización

A menos de un mes de la fecha probable de relocalización, vecinos y vecinas de la Villa 31 viven en medio de gran incertidumbre y preocupación creciente. Aún no saben el valor de las viviendas que les adjudicarán ni las cuotas que deberán pagar. Y denuncian que esas casas aún no cuentan con accesos para ambulancias, ni asfalto, ni veredas.

Victoria Montenegro, legisladora de Unidad Ciudadana y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, recorrió la Villa 31 junto a vecinos que expresaron reclamos y demandas contra el Gobierno de la Ciudad respecto a cómo se está implementando la urbanización del barrio.

El encuentro fue organizado por la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Participaron representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), de la Asesoría Tutelar de la Ciudad, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), la Liga Argentina por los Derechos Humanos y los legisladores Mariano Recalde, Paula Penacca, Santiago Roberto, María Rosa Muiños y Gabriel Solano.

“Es indispensable que el Gobierno de la Ciudad escuche el reclamo de los vecinos. Muchos de ellos tienen incertidumbre ya que no hay certezas respecto a las características de las futuras viviendas. Nuestra preocupación como legisladores es que las familias tengan una respuesta ante la indiferencia del actual Gobierno porteño”, expresó Montenegro.

La recorrida tuvo tres puntos de encuentro en el sector Bajo Autopista. Los vecinos agregaron que no todos los grupos familiares que residen en el sector a demoler en Bajo Autopista tendrán vivienda adjudicada, ya que algunos no fueron censados y otros no fueron considerados como grupo familiar. En algunos casos no se contemplan desgloses familiares que implicaran situaciones de hacinamiento. Los modelos de escritura son imprecisos y se contradicen con puntos que les habían informado verbalmente.

El jueves último, una decena de vecinos firmaron un pedido de acceso a la información pública exigiendo información al Gobierno respecto a sus demandas. Allí preguntan cuáles han sido los criterios para seleccionar las familias beneficiarias, cuáles son las previsiones ambientales que se han tomado, cuál será el precio del metro cuadrado y cuáles son las fechas previstas para las diferentes etapas de la relocalización.

En tanto, el Observatorio del Derecho a la Ciudad difundió que el Gobierno de la Ciudad “estaría amenazando a familias del sector Bajo Autopista para que acepten ser relocalizadas en el Complejo Habitacional YPF (Barrio Carlos Mugica - Ex Villa 31)”.

“La decisión de relocalizar en forma total un sector del Barrio Carlos Mugica ha sido adoptada sin el consentimiento de los representantes del barrio y desconociendo que la gran mayorías de las familias no quieren relocalizarse”, remarcaron desde ese espacio. Y advirtieron que “la necesidad de los tiempos electorales estaría generando que empleados de la Secretaría de Integración Social y Urbana presionen a las familias, de acuerdo al relato de varias de ellas, para que acepten ser relocalizadas. Esta presión se estaría traduciendo en amenazas de perder la vivienda, de demoler sus casas, o de quitarle a sus niños/as”.

El Observatorio destacó que “iguales amenazas sufrieron las familias del sector Cristo Obrero cuando el GCBA obligó a muchas de ellas a prestar consentimiento para relocalizarse en los Complejos Habitacionales denominados Containera. Allí incluso el gobierno, a través de un decreto administrativo ilegal de Horacio Rodríguez Larreta, desalojó y demolió las viviendas de dos familias. Las viviendas de Containera, especialmente las azules, tienen severos problemas constructivos como filtraciones graves y colapso de la red eléctrica. Los propios arquitectos del GCBA reconocen que la razón es que las construyeron rápido”.