Playón de Chacarita: crece la preocupación de los vecinos por la falta de información oficial

La urbanización del Playón de Fraga, un asentamiento ubicado en el barrio de Chacarita, empezó hace un año con obras para ordenar la red de servicios básicos, abrir nuevas calles y construir casi 700 nuevas viviendas. Sin mebargo, hasta el día de hoy los vecinos no saben cuándo se mudarán y, sobre todo, nadie les informo cuánto será el costo de la nueva vivienda.

La mudanza es inminente, "en mayo serán las primeras mudanzas, y allí empezará un proceso continuo que queremos terminar antes de fin de año", detalló hace un mes Mauricio Giraudo, coordinador del proyecto de urbanización. Nada se sabe de las nuevas edificaciones que está terminando de construir el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) en terrenos linderos, con el fin de urbanizar el asentamiento. La falta de información oficial y el avance unilateral del gobierno porteño, en un proceso que debía contar con el consenso de los vecinos, mantiene al barrio en alerta y lleno de dudas.

De acuerdo a datos del IVC, en el barrio viven alrededor de 2764 personas (1042 familias), en 513 viviendas con diversos grados de precariedad. Pero no todas las familias serán trasladadas: 678 serán reubicadas en las nuevas viviendas que se están construyendo en el predio que pertenecía al ferrocarril Urquiza, y el resto se quedará en sus viviendas, que serán remodeladas.

Maryluz Zambrana, delegada y activista del Playón, explicó a Página 12 que “una cosa es lo que dice el gobierno y otra nuestra realidad, en la que no hubo proceso participativo como ordena la ley, y los talleres que se hicieron fueron para dar información cerrada que no pudimos discutir, como el tema de los créditos”.

Y agregó: “Lo mismo pasó con los mapas que hicieron de las viviendas que van ser perjudicadas por la apertura de calles o demolidas por esponjamiento (apertura de espacios públicos destinados a mejorar las condiciones de higiene y habitabilidad de la edificación). Los vecinos se encontraron que aparecen en esos mapas y sus casas afectas sin haber podido participar”.

Sin embargo, lo que causa mayor preocupación, según señaló Zambrana, es que “no tenemos el plan de financiación que cada vecino debería tener antes de mudarse. No sabemos cuáles van a ser las condiciones de pago ni a cuántos años se va a poder financiar. Y tampoco nos garantizan más allá de los primeros seis meses la tarifa social, ya que después de ese periodo cada uno la tiene que gestionar, cuando debería ser responsabilidad del Estado y no una solución individual”.

Según consignó Página 12, la ley estipula que las cuotas de los créditos de vivienda nueva no deben superar el 20 ciento del total de los ingresos familiares, pero dentro de ese porcentaje no se considera el importe de las tarifas de servicios ni las expensas.