CIUDAD

El fin de la privacidad: el GCBA implentará un sistema de reconocimiento facial en las calles

Diego Santilli anunció que se llevará a cabo en las próximas semanas. Especialistas advierten sobre un posible avance contra las garantías de protección de la intimidad.


El vicejefe de Gobierno porteño y actual ministro de Seguridad, Diego Santilli, anunció que la Ciudad de Buenos Aires implementará a partir del 15 de abril un sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial para detectar y detener a personas que tengan pedido de captura judicial. 

Es solo para aquellas personas que están buscadas por la Justicia. Nadie va a querer que haya 30.000 personas con pedido de captura y no las podamos agarrar. En febrero agarramos a un tipo que tenía 10 años de condena por secuestrar personas”, afirmó durante el Congreso Internacional sobre delito transnacional que se celebra en la Legislatura porteña. Según detalló, el sistema agilizará la búsqueda de material “forense”, es decir, las pruebas de un delito que antes requerían ser examinadas por un agente durante muchas horas y que ahora se harán de manera automática.

En declaraciones a Página 12, la presidenta de la Fundación Vía Libre y especialista en temas de derechos humanos en entornos tecnológicos, Beatriz Busaniche, afirmó que “esto implica un avance sobre las garantías de protección de la intimidad que tienen los ciudadanos. La vida privada de las personas no solo incluyen su esfera domiciliaria sino también el espacio público”, y advirtió, además, que este tipo de tecnología “funciona mal y produce muchos falsos positivos”.

“Se parte de la idea de seguridad basada en la vigilancia permanente de todos los espacios. Y la vida privada de las personas no sólo incluye su esfera domiciliaria sino también en el espacio público. Por eso, ni el Estado ni los privados están habilitados a invadir esa privacidad. Los trayectos de circulación, la libre conversación con terceros, todo lo que se hace en el espacio público tiene una presunción de privacidad, que implica que el Estado no puede meterse en esas prácticas sin una razón justificada”, agregó.  

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