Legislatura: el PRO buscará hoy enrejar de forma definitiva la Plaza de Mayo

El bloque de Vamos Juntos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires intentará avanzar este jueves con la sanción de un proyecto de ley para enrejar, de forma definitiva, Plaza de Mayo. La iniciativa apunta a la instalación de un “cerco de seguridad (reja)” emplazado de modo transversal desde Avenida Hipólito Yrigoyen hasta Avenida Rivadavia, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista”. Para esto, el oficialismo pretende  modificar el Código Urbanístico, incorporando la instalación de rejas en el sector de Plaza de Mayo donde se encuentra la Pirámide de Mayo.   

Las primeras rejas en ese sitio se colocaron en diciembre de 2001, cuando en medio de la crisis se instaló un vallado con el objetivo de “preservar la Casa Rosada de los disturbios y el vandalismo de manifestantes”, según detallan los considerandos de la iniciativa.  Los vallados tenían dos metros de altura con bases antivuelco. 

En la actualidad, constan de un sistema de rejas compuestas por columnas. De acuerdo a información oficial, el sistema es estático y manual en cuanto a su funcionamiento y, a diferencia de las vallas, permite ser parcialmente desmontado.  Según la propuesta de Vamos Juntos, la instalación del cerco de seguridad tiene por objeto “proteger, conservar y mantener el patrimonio y espacio público urbano”, así como también “garantizar” las cuestiones relativas a la “seguridad” de los ciudadanos y de la Casa Rosada.    

Para esto, se habría tenido en cuenta también que las rejas “pudieran permanecer abiertas para facilitar el libre acceso a la Plaza, sin interferir en el uso del espacio público y permitir la libre circulación de vehículos en las calles aledañas”. Con respecto a la seguridad, el texto detalla que en “ocasiones excepcionales” será posible desplegar las rejas para impedir el acceso a pie a la Casa Rosada e interrumpir el tránsito a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista. Esto se basa en el “estado de vulnerabilidad” de la Plaza de Mayo por ser una zona "altamente concurrida" y que padece un “elevado nivel de vandalismo y es objeto de la destrucción".   

Criticas y rechazo. En enero, la Justicia declaró ilegales las rejas que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta fijó el año pasado para encerrar la Casa Rosada. La sentencia, firmada por el Juez de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 8, Osvaldo Otheguy, declaró "la ilegitimidad de la instalación de rejas en la Plaza de Mayo por haberse realizado sin respetar el artículo 4.1.2.2.1 del Código de Planeamiento Urbano". Y otorgó "a la demandada un plazo de 90 días contados a partir de que la presente sentencia quede firme, para la sanción de una ley que apruebe la instalación de las rejas en la Plaza de Mayo de modo tal que cumpla con el artículo 4.1.2.2.1 del recientemente sancionado Código Urbanístico, aprobado por Ley N° 6099". 

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) había recurrido a la Justicia para pedir el retiro de las rejas. El pedido había sido presentado junto a organismos de derechos humanos, tales como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, HIJOS, Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Familiares y compañeros de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, Hijas e hijos del exilio, entre otros. 

A través de un despacho de minoría impulsado por el legislador y vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Javier Andrade, el bloque de Unidad Ciudadana pide que se archive el proyecto. Desde la oposición afirman que la Plaza es parte del “Eje cívico institucional de la Ciudad” y que ha sido protegida como Lugar Histórico Nacional a través del Decreto N° 122. 096/42, que “la reja fue hecha a instancias de la Casa Militar y en contra de la opinión de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos que es la que ejerce la tutela de los monumentos y lugares históricos”.  A esto, suman que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales “basó sus argumentos en cuestiones de seguridad y no se expidió en términos patrimoniales”.