La ONU exigió "poner fin al excesivo control policial" sobre los manteros africanos

El Grupo de Expertos de la ONU realizó una visita oficial entre el 11 y el 18 de marzo a nuestro país con el objetivo de observar la brutalidad contra los vendedores ambulantes provenientes de África. En su informe preliminar pidió "identificar a quienes cometen discriminación racial, actúan con violencia y roban la mercadería y, además, desarrollar recursos a los que puedan recurrir los vendedores y combatir la impunidad".

A su vez, sugirió al Estado argentino “poner fin al excesivo control policial de los vendedores ambulantes de ascendencia africana” y que se investigue “el accionar policial” debido a “la brutalidad en torno a los arrestos”, que fue registrada en numerosas oportunidades y durante operativos arbitrarios, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires.

El grupo que visitó además de Buenos Aires, las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe exigió medidas contra “la estigmatización de la negritud” y “efectiva representación de los afroargentinos y afrodescendientes” en los cargos públicos. En detalle pidió que “que se realice una investigación independiente y exhaustiva en relación con el accionar policial, a fin de monitorear e identificar a quienes cometen discriminación racial, actúan con violencia y roban la mercadería y, además, desarrollar recursos a los que puedan recurrir los vendedores y combatir la impunidad".

También se enfocaron en el endurecimiento de la política migratoria inaugurado por el Decreto 70/2017. "Debe ponerse fin al excesivo control policial de los vendedores ambulantes de ascendencia africana. En primer lugar, dada la falta de un fundamento jurídico que lo autorice, los arrestos sin orden judicial son ilegales. La brutalidad en torno a los arrestos hace que se violen aún más los derechos humanos", dice el informe.

Los expertos Michal Balcerzak (Polonia), presidente del Grupo, Ahmed Reid (Jamaica); Dominique Day (Estados Unidos de América); Sabelo Gumedze (Sudáfrica) y Ricardo A. Sunga III (Filipinas) aseguraron que “los afrodescendientes en Argentina no gozan del pleno disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales: la discriminación racial estructural les impide disfrutar de los niveles internacionales mínimos para el desarrollo".