Este lunes se realizará una movilización a la Casa de Tucumán por la menor víctima de abuso sexual

La regional porteña de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convoca a una concentración este lunes a las 12:30 en la Casa de la provincia de Tucumán, Suipacha 140, para exigir que se realice la interrupción legal del embarazo a una niña de 11 años víctima de abuso sexual.

Desde el 23 de enero, la menor espera la interrupción de la gestación forzada, que ya lleva 23 semanas y media. Como consecuencia de las vivencias que está atravesando, intentó suicidarse y se encuentra acompañada por su mamá en un hospital en las afueras de San Miguel de Tucumán.

En la actualidad, la provincia del norte argentino está incumpliendo el “Protocolo interinstitucional para el abordaje de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual”, aprobado por los poderes Ejecutivo y  Judicial de Tucumán en julio de 2015, que establece que se debe cumplir con los protocolos de Nación en casos de violencia sexual y que el sistema de salud tiene la obligación de ofrecer y garantizar la interrupción legal del embarazo como opción terapéutica en caso de gestación forzada.

“Dos fiscales, dos defensorías de menores, un juzgado de familia, el sistema de salud público de Tucumán, el Estado y grupos de fundamentalistas antiderechos ejercen, hace 23 días, presión para someter a la niña a una internación aislada e innecesaria con el fin de obstaculizar su acceso a la ILE”, denuncia la Campaña en un comunicado.

Además, señalan que “forzar a una niña continuar con un embarazo resultado de abuso sexual y someterla a prácticas médicas riesgosas, como la cesárea, es tortura”. Esto es algo que la fiscal Adriana Giannoni no tiene en cuenta porque está actuando de oficio para que se intervenga en defensa del “no nacido”. Esta misma fiscal pretendió el año pasado criminalizar a una médica del Hospital Avellaneda, Fabiana Reina, que formó parte del equipo médico que garantizó un aborto legal a otra nena de 11 años violada a mediados de 2018.

Finalmente, la Campaña rechaza que se siga poniendo en juego la salud y la vida de las niñas que pueden acceder a la ILE sin judicialización.