Denuncian que los nuevos códigos Urbanístico y Edificación no incluyen a las personas con discapacidad

Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en la Ciudad, organizaciones especializadas denunciaron que los nuevos códigos de Urbanización y Edificación que presentó el Gobierno porteño son un retroceso en materia de accesibilidad urbana, ya que la establece como posibilidad y no como obligatoriedad.

Los proyectos que quieren aprobar antes de fin de año ponen ponen en situación de riesgo a personas con discapacidad y a adultos mayores, tanto en los espacios privados como públicos, porque fueron pensados para que los desarrolladores inmobiliarios expriman hasta el último metro cuadrado de la ciudad y no para posibilitar un desarrollo urbano inclusivo, según denunciaron.

La iniciativa fue aprobada en primera lectura el pasado 6 de septiembre con el rechazo de toda la oposición y de más de 200 organizaciones sociales, pero Vamos Juntos logró aprobarla con su mayoría en el recinto. Las principales denuncias de las organizaciones son que el nuevo código permitirá la redensificación de los barrios, la construcción de micro unidades habitacionales y una flexibilización de los parámetros constructivos (dimensión de las habitaciones, ascensores, especificaciones sobre las rampas, etcétera) que imposibilitarán la vida plena de las personas con movilidad reducida o problemas sensoriales.

En diálogo con Página 12, la arquitecta Silvia Coriat de la Fundación Rumbos, especializada en la materia, explicó: “Una persona en silla de ruedas puede, con buena suerte, encontrar una rampa bien calculada, sin desnivel, pero después, cuando llega a una mesa, se encuentra que tienen travesaños cuya altura no le permiten pasar las rodillas por debajo. Una persona ciega que se sienta frente a una computadora tiene que poder contar con los programas adecuados que le permitan hacer uso de la misma. La ciudad impone barreras, y el gran desajuste se da con las personas que tienen alguna forma de discapacidad, a los que la ciudad termina expulsando y les impide desarrollarse cuando no se ha pensado el espacio con un diseño inclusivo”.

En esta nueva reforma, Vamos Juntos intentará aprobar el proyecto del Gobierno porteño que elimina todas las especificaciones de accesibilidad y dejarlas al arbitrio de la reglamentación con el argumento de que la tecnología avanza rápido y es muy lento pasar por la Legislatura para hacer nuevas modificaciones. Pero “ni las características ergonómicas de las personas con discapacidad ni la antropometría varían con la tecnología. Las medidas mínimas para circular con una silla de ruedas no varían como para que las saquen del Código”, explicó Coriat.

Otra denuncia es que la nueva norma se propone establecer la superficie mínima de cualquier dormitorio en 7,50 metros cuadrados (3x2,5), lo que representa una reducción del 25 por ciento respecto de la norma actual (10 metros cuadrados), con el agravante de que se permite incluir en el cálculo el espacio ocupado por armarios y roperos, cuando la normativa vigente los excluye. Además, para las nuevos monoambientes ‘placard’ se establece una superficie mínima de 21 metros cuadrados, contra los 29,30 actuales.

“Para quienes somos usuarios de sillas de ruedas, con las dimensiones tan mínimas que proponen, donde solo cabe una cama y mesita de luz, una actividad tan cotidiana como hacer la cama sería casi imposible. Ni hablar donde hay dos usuarios con sillas o querer invitar a un amigo, porque no solo se reduce el tamaño de la habitación sino de los departamentos”, explicó a Página 12 Valeria Fantasía, abogada especializada en derechos humanos y políticas públicas e integrante de la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia (APEBI), quien tiene una discapacidad de nacimiento.

La norma también perpetúa una resolución que se había introducido en el Código, en 2003, que permitía a aquellos comercios que no produjeran refacciones y que no cambiaran de uso, que no se hicieran accesibles. “Esto sigue vigente y es muy grave. Tampoco incorpora el nuevo Código una resolución de la Procuraduría de la Ciudad, que dice que en un consorcio al solo requerimiento de un usuario de silla de ruedas, el consorcio tiene que poder decidir la adecuación sin necesidad de contar con la mayoría absoluta”, detalló Coriat.

“Tenemos un acceso restringido a la ciudad y muchas veces para nuestra cotidianeidad tenemos que armar redes para acceder a los lugares. El objetivo era que se obligara a los locales a ser accesibles, porque si no, parece que quienes usamos sillas de ruedas sólo tenemos derecho a una ciudad nueva, en la que tenemos que ver si un comercio tiene habilitación anterior o posterior a 2003, y así es muy difícil que sea una ciudad inclusiva”, explicó Fantasía.