En Argentina hubo 329 femicidios cometidos por el aparato represivo estatal

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) publicó en su último informe de casos que desde 1992 en Argentina hubo 329 femicidios cometidos por el aparato represivo estatal. En ese sentido, señala que es la primera causa de muerte de mujeres en el marco de la violencia institucional, “muy por encima del gatillo fácil, la tortura en cárceles y comisarías, las desapariciones, los asesinatos en represión a la protesta y otras modalidades”.

Además,  se registraron 69 femicidios vinculados, donde el femicida mató a otros familiares, nuevas parejas o a quienes intentaron defender a la víctima. El informe también indica que “una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria”.

Por otra parte, de acuerdo con los registros de la Casa del Encuentro, en 2017 hubo 23 femicidios cometidos por uniformados o ex policías o militares. En 2016, fueron 17.

En su momento, la ex ministra de Defensa y de Seguridad, Nilda Garré, fue pionera en medidas para enfrentar este problema. Había establecido regulaciones que prevén que si un efectivo tiene una denuncia por violencia de género se le deberá retirar el arma de dotación al finalizar la jornada laboral. En 2016, hubo 222 agente de las fuerzas de seguridad que tenían esa restricción. El conflicto es que la ley no establece como una obligación quitar el arma sean uniformados o no los denunciados.