- Política
- 08.11.2018
CIUDAD
Día caliente en la Legislatura: debatirán sanciones contra los choferes de Uber
Los diputados oficialistas proponen multas de hasta $20 mil para los conductores que no tengan la habilitación para prestar el servicio. Las apps ya expresaron su repudio. Los taxitas de la Ciudad convocaron a una movilización para mostrar su apoyo.
En pos de frenar el avance de empresas como Uber, la Legislatura porteña debatirá este jueves un proyecto de ley que busca endurecer las penas a quienes transporten pasajeros de manera ilegal. La iniciativa, que generó el repudio de las apps de transporte, propone que los agentes viales puedan retener la licencia de manejo a quien "preste un servicio de transporte de pasajeros sin el permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción que la normativa aplicable requiera, sin perjuicio de la sanción pertinente".
Por otro lado, contempla multas para el "titular o responsable de un vehículo que transporte pasajeros y que lo explote sin la autorización y/o habilitación para prestar el servicio establecida por la normativa vigente". Las cifras de estas podrán ir de 10.000 unidades fijas –unos 200.000 pesos- y la inhabilitación para conducir de cinco a diez días. Según informó la Secretaría de Tránsito porteña, la futura norma busca endurecer penas en general y no solo a Uber y plataformas similares. No obstante, el proyecto desató polémicas y duros cruces.
Esta semana, Uber lanzó en las redes sociales una campaña llamada “Quiero elegir como viajar”, junto a los números de teléfono, mail y Twitter de los diputados de Vamos Juntos Cristina García, Daniel Presti, Agustín Forchieri, Francisco Quintana, Maximiliano Ferraro, Victoria Roldán Mendez, entre otros. “El Gobierno evita regular y promueve el proyecto de Cristina García, del Pro, que busca perseguir a las miles de personas que deciden ganar plata manejando con aplicaciones”, aseguró la compañía en un comunicado. Pero los legisladores oficialistas no fueron los únicos protagonistas de las redes. Gabriel Solano, legislador del Frente de Izquierda, aseguró que su bloque votará de forma negativa y las críticas no tardaron en llegar.
“Mañana rechazaremos en la Legislatura las penalizaciones a los choferes de Uber que impulsa el gobierno de Larreta. Bajo ningún concepto vamos a votar favorablemente sanciones contra los trabajadores”, detalló en sus redes. “Solano defendiendo a Uber?? Llego la izquierda liberal??”, se preguntó el economista Miguel A Boggiano. “Los desvaríos de Solano son notorios. Ahora defiende a una corporación extranjera y pretende encontrar al sujeto revolucionario en los explotados choferes de UBER. No son trabajadores: son precarizados”, espetó otro usuario en las redes.
En este marco, los taxistas de la Ciudad de Buenos Aires convocaron a una marcha para este jueves a las 11 frente a la Legislatura “en repudio al transporte ilegal de pasajeros llevado a cabo por empresas como UBER entre otras”. “El objetivo de nuestro reclamo es manifestarnos para que se apliquen las modificaciones legislativas necesarias que permitan mayores sanciones a quienes ejerzan de forma ilegal el servicio de transporte de personas”, detallaron.
La empresa Uber llegó al país a fines de 2015, cuando comenzaron las reuniones con funcionarios del Gobierno porteño. Aunque ese vínculo no llegó a buen puerto, la aplicación de transporte colaborativo se activó a las cuatro de la tarde del 12 de abril de 2016. Días antes se había puesto en marcha una app para convocar a conductores: se inscribieron 15 mil candidatos en las primeras 24 horas. A más dos años de aquel estreno, el choque con los taxistas –avalados por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta- es cada vez más fuerte, con escraches y amenazas incluidos. Y mientras la batalla se sigue lidiando en el plano judicial, el polémico fenómeno llamado Uber no para de crecer: ya cuenta con 2,2 millones de usuarios inscriptos en más de 25 ciudades del país.
Sus detractores remarcan que, desde que nació, Uber operó por fuera de la ley. La compañía no constituyó ninguna sociedad acorde a la Ley de Sociedades N° 19.550 ante la Inspección General de Justicia, por lo que no tiene CUIT ni domicilio comercial. Sus conductores no tienen habilitación profesional y el seguro de sus autos es para uso particular. Las distintas agrupaciones de taxistas pusieron el grito en el cielo apenas el servicio comenzó a circular en Argentina. Desde aquellos inicios en 2016 organizaron cerca de una treintena de marchas y concentraciones en el centro porteño, exigiendo la intervención gubernamental y el freno judicial.
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