El socialismo presentó un proyecto para la atención integral de la interrupción legal del embarazo

Roy Cortina, legislador porteño por el Partido Socialista, presentó este viernes un proyecto de ley para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Esto sucedió luego de que el Tribunal Superior de Justicia porteño restablezca el protocolo que había sido suspendido en 2012.

En el proyecto solicita que se adopte el protocolo elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación en abril de 2015 y modificado en septiembre del 2016.

“Dicho Protocolo y las demás disposiciones de esta ley serán de cumplimiento obligatorio por parte de todos los establecimientos sanitarios pertenecientes a los subsistemas de salud pública, privada y de la seguridad social de la Ciudad de Buenos Aires”, establece el escrito. Además, señala que el Ministerio de Salud de la Ciudad será la autoridad de aplicación y control de la ley.

En los fundamentos, el legislador explica que el accionar del Tribunal Superior “se limitó a enumerar argumentos eminentemente formales” y que “se aparta de las pautas consagradas en el fallo F.A.L” como también “pareciera ignorar que en los hospitales porteños se está aplicando el Protocolo elaborado por el Ministerio de Salud nacional”.

Por otra parte, pide que su implementación se ajuste a “los lineamientos establecidos por la Ley Nacional 25.673, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en “Aborto Sin Riesgos: Guía Técnica y de Políticas para Sistemas de Salud” del año 2012 y el protocolo facultativo de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW)”.

Con respecto a la objeción de conciencia, el proyecto reconoce el derecho que tienen, en forma individual y no institucional, los y las profesionales de la salud sin consecuencia laboral. Además, deja establecido que deberá ser manifestada mediante una declaración escrita, motivada y presentada ante las autoridades del establecimiento sanitario, en un plazo no mayor a sesenta días desde la promulgación de la ley.

Por último, exige la creación de una unidad de registro estadístico de abortos no punibles realizados en la Ciudad.