Pese al rechazo unánime de la oposición, se aprobó la reforma del Código Procesal Penal porteño

Con 34 votos a favor y sin el acompañamiento de ninguna fuerza de la oposición, el oficialismo en la Legislatyura aprobó este jueves las modificaciones del Código Procesal Penal. El polémico artículo que establecía medidas de vigilancia, y que causó el rechazo de diversas organizaciones sociales esta semana, fue eliminado a última hora.

“Tengo la convicción de que este código va a ser una respuesta a los vecinos y a  la sociedad que requiere del poder judicial un procedimiento ágil, rápido y moderno. Este proyecto va ser muy beneficioso para los vecinos y para el acceso a la justicia”, argumentó durante la sesión el legislador del PRO, Daniel Presti.

A pesar de las modificaciones, la norma sancionada tiene puntos polémicos. Crea en el ámbito de la Ciudad las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante y de entrega vigilada para aquellos delitos cuyas penas sean superiores a tres años de prisión. 

Además, los jueces o fiscales podrán ordenar la intervención de comunicaciones del imputado. Esta intervención tendrá “carácter excepcional” y podrá efectuarse por un plazo hasta cuarenta y cinco días, pudiendo ser renovada por única vez y por idéntico término. 

No obstante, se eliminaron los polémicos artículos de vigilancia remota y sin límites de tiempo, que iban contra los derechos a la privacidad y a la intimidad personal, y que fueron fuertemente criticados por el CELS, Amnistía Internacional, la Asociación por los Derechos Civiles y la Fundación Vía Libre.

Otro de los puntos que causa repudio y que no fue modificado es el artículo que habilita a la víctima “proponer” un defensor técnico público o privado para ser asistido, designado por sí o por persona de su confianza. La legisladora Natalia Fidel de Vamos Juntos argumentó: “Creemos que es una necesidad que el Estado ponga en el centro de la escena a las víctimas, otorgándoles mayor contención y soporte durante un proceso penal que deben atravesar en búsqueda de justicia. Un abogado oficial gratuito, tal como hoy tiene quién es victimario, ayudaría en ese sentido".

Y agregó: "Con esta medida ampliaríamos derechos para que existan mayores niveles de justicia en el propio proceso penal: el imputado, que tiene garantizado el ejercicio del derecho a la defensa letrada, lo conserva. La víctima, que no tiene garantizado el ejercicio del derecho a la querella, lo adquiriría".

Rechazo. “Queda en pie la conformación de un cuerpo de buchones  a sueldo. ¿Cómo justifican los informantes de la policía si en el Congreso Nacional no lo pudieron justificar? Es increíble que hoy con toda la oposición en contra pretendan votar esto”, afirmó Myriam Bregman, del PTS-FIT.

Por su cuenta, Mariano Recalde de Unidad Ciudadana, también se expresó en contra. “Rechazamos el espíritu de este proyecto del bloque en un contexto de persecución política a los opositores y criminalización de la protesta social y la pobreza. Implica un avance en las facultades de los jueces y los fiscales para avanzar en las arbitrariedades”, dijo. 

“No hay vigilancia ni acústica ni remota. Estas medidas y estas técnicas son herramientas eficaces pero son privativas de la intimidad y hay que tener mucho cuidado con ellos y no están dado el contexto jurídico para llevarlas a cabo”, sostuvo el diputado del PRO Claudio Cingolini, que defendió las modificaciones de última hora.