Las claves para entender el conflicto en la educación superior

Uno de los puntos para empezar a entender este conflicto tiene relación con la eliminación de la paritaria con los docentes de escuelas primarias y secundarias. Por lo que la de los universitarios es la única negociación salarial en la que el Ministerio de Educación cumple su rol de empleador.

El conflicto afecta a 170.000 docentes de las 57 universidades públicas nacionales, donde asisten al menos un millón y medio de estudiantes, y los más de 60 colegios preuniversitarios del país reciben a 40.000 alumnos. Son seis los gremios que negocian con el Ministerio de Educación de la Nación: Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Ctera, UDA y Fagdut. Todos ellos convocaron a la movilización de hoy y coinciden con el estado crítico de la educación pública universitaria.

El origen del conflicto es el aumento salarial. En este año, el Gobierno nacional otorgó dos aumentos en mayo del 5% y un 5,8% en agosto. Quedaba un último tramo de 4,2 % en octubre. Esta oferta , además, no cuenta con cláusula gatillo, es decir, que no habría nuevos aumentos que se disparen si la inflación supera la suba salarial acordada inicialmente, algo que tanto el Gobierno como consultoras privadas prevén que pasará este año.

Esta oferta fue rechazada por los docentes que convocaron a un paro y movilización para un aumento salarial y mayor presupuesto. El pedido formal de los gremios es un aumento del 30% con una cláusula gatillo de actualización por inflación, como la que firmó el Gobierno en 2017.

Según informó el medio Chequeado.com, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central indicó que en 2018 la inflación sería del 31,8 %. Mientras que Alejandro Finocchiaro, luego del a reunión con gremios al comienzo de esta semana reconoció que el 15 % ofrecido “es muy poco” y dictó un cuarto intermedio hasta el pasado miércoles cuando se volverían a reunir para otra oferta.

"A partir del miércoles nos vamos a juntar en forma permanente hasta llegar a un acuerdo, que claramente va a ser superior al 15%", aseguró.

Un día antes de la reunión pactada entre el Ministerio y los gremios, el presidente Mauricio Macri recibió en Casa Rosada a los rectores de algunas de las universidades que están en conflicto. Tras plantearles la difícil situación por la que pasa el país, les prometió que el conflicto sindical se resolverá aunque admitió que no habrá fondos para las obras de infraestructura previstas.

Las autoridades universitarias no salieron muy contentas con los escasos minutos que les dedicó el Presidente y menos con la falta de respuestas concretas.

Por otra parte, el Ministro de Educación volvió a encender la polémica sobre el conflicto del presupuesto y la existencia o no de un ajuste en la educación pública. "No hay ajuste en la universidad pública en el marco del FMI y en ningún otro marco", sentenció.

Sin embargo, los gremios denuncian que se subejecutó el presupuesto de este año en más de mil millones de pesos pero el Ministerio de Educación lo niega y asegura que se invertirá lo previsto.

Las universidades nacionales cuentan con un presupuesto inicial para este año de $95 mil millones, un 26% más que lo presupuestado inicialmente en 2017, un aumento levemente superior a la inflación del último año de 24,8% según el INDEC. Pero resta saber la ejecución de estos fondos y las universidades se quejan de que no se está cumpliendo lo previsto en dicha ley.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional denunciaron que hay “obras licitadas que no han comenzado, presentan retrasos o están detenidas”. Estas obras superan los $3 mil millones.

Finocchiaro afirmó en diálogo con Chequeado que se postergaron las obras nuevas planeadas para este año porque se tomaron “otras prioridades edilicias” en otros niveles educativos. También admitieron que hubo un período del año en el que las transferencias de gastos corrientes “se estiraron” más de lo normal, pero -dijeron- “ya se encuentran regularizadas”.

Debido a la denuncia de ajuste en la educación pública, se sumaron a la Marcha Federal los científicos del CONICET exigiendo la solución a los 500 científicos despedidos en diciembre de 2016, el cumplimiento dela Ley de Ciencia y Tecnología y para denunciar el “grave estado” que puede terminar en una “la destrucción de grupos de trabajo, la paralización de instrumental muy valioso y el éxodo de científicos, dilapidando de ese modo la inversión que nuestro país realizó a lo largo de muchos años”, dice el comunicado de científicos entregado en el Congreso hace dos semanas.