Insólitos requisitos del GCBA a estudiantes secundarios para movilizarse en la Ciudad

Luego de que la Policía de la Ciudad labrara un acta contravencional contra una docente por realizar una clase pública en la calle Puán, esta semana los alumnos de la Ciudad se llevaron una nueva sorpresa tras la respuesta del Gobierno porteño sobre los requisitos que deben cumplir para movilizarse.

Los jóvenes nucleados en la Unión de Centros de Estudiantes del Sur pretendían marchar el 31 agosto a la sede de la Jefatura de Gobierno en la calle Uspallata, barrio Parque Patricios, para denunciar la situación de emergencia educativa de los colegios de Capital. El recorrido sería desde la intersección de Monteagudo y Caseros hasta Uspallata. 

No obstante, en una nota titulada “Requisitos para el corte de calle”, desde la comuna 4 les exigieron a quienes quisieran participar de la medida un “seguro de responsabilidad civil” con el objeto de “brindar cobertura por los importes que resulte obligado a resarcir el organizador del evento en razón de la responsabilidad civil que le corresponda por las lesiones, incapacidad o muerte sufridas por espectadores, o por hechos ocurridos en forma accidental por la acción repentina y violenta”.

A esto, además, se le sumó el pedido de un “endoso en carácter de co-asegurado" sin restricción de ninguna especie o naturales a favor del GCBA.  “Lo que están haciendo es aplicarle la ley de eventemos masivos, tiene que ver con el protocolo de eventos masivos de la Ciudad. Me parece que no es aplicable al evento que quieren hacer los estudiantes. No es razonable, es coartar la libertad de expresión”, aseguró el asesor tutelar de menores Gustavo Moreno a Nueva Ciudad.  

El hecho se da a poco de que la Policía porteña labrara un acta contravencional contra Mónica Cragnolini por realizar una clase pública frente a la Facultad de Filosofía y Letras, en el marco de las protestas de los gremios universitarios por una mejora en paritarias. Los efectivos le demandaron que ella y sus alumnos ocuparan un solo carril y como no lo hicieron le imputaron la contravención, lo cual  generó el repudio de la comunidad educativa.

En julio, además, la Justicia revalidó el polémico protocolo antitomas en las escuelas de la Ciudad cuando la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso declaró inadmisibles los recursos de inconstitucionalidad de la Asesoría Tutelar de Cámara a cargo de Moreno, y de los padres patrocinados por el Defensor Oficial de Cámara Fernando Lodeiro Martínez.