El GCBA habría violado la suspensión del protocolo antitomas en escuelas, en el marco del 8A

A pocos días del debate que se dará en diferentes espacios del proyecto de ley del aborto legal, seguro y gratuito, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no da el brazo a torcer con el intento de implementación de un polémico protocolo antitomas en los establecimientos educativos estatales.

Aunque en abril de este año la jueza Elena Liberatori dio lugar a una medida cautelar y suspendió la aplicación de la guía del Ministerio de Educación, la subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa de esa cartera aprobó esta semana un “Acta Constancia de Citación” para que los padres o responsables adultos retiren a los alumnos de  las escuelas en el caso de tomas.

En una nueva embestida, el acta, que se desprende de la Resolución N° 643/MEGC/2018, está firmada por la subsecretaria Andrea Bouchet. “Por la presente se deja constancia de la citación a los padres o a quienes ejerzan la responsabilidad parental sobre los alumnos, a fin de que procedan a retirarlos del  establecimiento”, detalla el documento.

Y agrega: “En el caso de ingreso o permanencia del alumno, la responsabilidad sobre el mismo así como por los daños que pudieren producirse, recaerá exclusivamente sobre el adulto que ejerza la responsabilidad parental”. El texto  está acompañado con una grilla donde los directivos deberán completar con los datos de los responsables y los alumnos. Además, deberán poner los argumentos de los padres en caso de que no retiren a los chicos. 



En este marco, el asesor tutelar de menores de la Ciudad Gustavo Moreno ya denunció ante la Justicia el incumplimiento de la medida cautelar y pidió que “se proceda a resolver la petición efectuada y se facilite la extracción de copias de las actuaciones para la formación del incidente para denunciar en la instancia de grado el incumplimiento de la medida cautelar”. 

“Bouchet violó la suspensión del protocolo. El Gobierno tiene concocimiento del recurso que se interpuso. Está notificado formalmente, pero avanzó con una resolución ampliatoria de la resolución del protocolo”, detalló Moreno en declaraciones a Nueva Ciudad.  

Al principio de año, la ministra Soledad Acuña presentó una guía de acción ante la toma de escuelas en el que se permite la identificación de los estudiantes y se traslada la responsabilidad patrimonial y civil a los padres. La iniciativa ministerial trajo polémica y una pelea judicial.

En abril, el protocolo fue suspendido por la un fallo de la jueza Elena Liberatori que interpuso una medida cautelar y convocó al Ministerio de Educación a elaborar una nueva guía de acción pero con participación de la comunidad educativa. A fines de junio, la Sala II de la Cámara revocó la sentencia de la jueza Liberatori y aprobó la aplicación del protocolo. Tras esto, la Asesoría Tutelar interpuso un nuevo recurso para pedir su inconstitucionalidad.