El día que el Gobierno de Larreta reprimió a quienes pedían la aparición de Santiago

El 1 de septiembre de 2017 se cumplía un mes de la desaparición de Santiago Maldonado y una marea de gente inundó la Plaza de Mayo. La respuesta del Gobierno porteño y nacional fue una feroz represión que terminó con heridos y 31 detenidos que quedaron en las manos del juez Martínez Di Giorgi, quien decidió procesar por “intimidación pública” y “resistencia a la autoridad”, a 22 de los detenidos, entre ellos cuatro periodistas que se encontraban trabajando en el lugar.

La movilización fue inmensa pero cuando comenzó la desconcentración la Policía de la Ciudad desató una feroz represión por las calles porteñas. La gente era detenida mientras comía en restaurantes y los trabajadores de prensa eran perseguidos por cumplir su trabajo. La represión terminó con 31 detenidos que fueron liberados 72 horas después.

Sin embargo, aún hoy cuatro de ellos siguen procesados. ¿Cómo fue el camino de la causa?

1 de septiembre:se reprime la movilización a un mes de la desaparición y se detiene a 31 personas 

Treinta de ellas son liberadas 72 horas después y una de ellas, de origen colombiano, es deportada. La abogada y referente de Correpi, María del Carmen Verdú, denunció que se trata "de una causa armada por la policía para desvirtuar la masiva movilización por Santiago Maldonado". 

20 de septiembre: Se levanta el secreto de sumario y surgen contradicciones en las actas policiales

Pasaron 19 días desde que el juez federal Martínez Di Giorgi tomó conocimiento de las 31 detenciones y decidió levantar el secreto de sumario. La abogada Verdú, informó que existen una “manifiesta discrepancia” entre las actas policiales y las propias declaraciones de los efectivos de la Policía de la Ciudad. Incluso aclaró que muchas de dichas contradicciones están probadas con fotografías, videos y hasta “con elementos documentales como el famoso ticket de la pizzería de las 22.13”, indicó Verdú, quien hizo referencia a la detención de un docente que estaba comiendo en una pizzería al momento de su detención. 



26 de octubre de 2017: el juez Martínez Di Giorgi procesó a 22 de los detenidos

A menos de una semana de la nueva marcha por pedido de justicia por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el juez Martínez de Giorgi procesó por intimación pública y resistencia a la autoridad a 22 de los 31 detenidos en la movilización del 1 de setiembre. "El juez se basó en las declaraciones de la policía que fue denunciada por los detenidos", explicó el defensor de varios de los procesados.

El abogado de Correpi Ismael Jalil, que representa a varios de los procesados, señaló que "las imputaciones son todas genéricas", y advirtió que el juez ordenó los procesamientos a partir de “las declaraciones presentadas por la Policía, que fue la denunciada por los detenidos". La decisión del juez se da a conocer horas después de que la familia Maldonado convocara a una movilización para reclamar Justicia por la desaparición de Santiago, el próximo miércoles 1 de noviembre, tras la aparición del cuerpo sin vida del joven.

6 de diciembre: revocan los 22 procesamientos

Tras la apelación por parte de los procesados, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal levantó ayer los 22 procesamientos por “intimidación pública” y 20 de los procesamientos por “resistencia a la autoridad”. En el fallo los jueces explican que “las conclusiones del juez- Martínez Di Giorgi- carecen del suficiente sustento objetivo requerido para este tipo de pronunciamiento” y que las actas policiales “narran lo acaecido sin describir al o los autores de los hechos en condiciones de lugar y tiempo concretos”.

Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun concluyen que la mayoría de los detenidos ni siquiera habían estado cerca del lugar de los hechos y que los arrestos fueron azarosos. Se concluyó que “no hay sustento alguno” para sostener esas medidas. Los procesamiento fueron calificados como “construcciones dogmáticas carentes de respaldo indiciario”. Aún quedan dos procesados por supuesta “resistencia a la autoridad”. Los jueces de la Cámara dictaminaron el sobresimiento a los cuatro trabajadores de prensa y la falta de mérito a otros 16 procesados, quedando tan sólo dos procesados.

20 de diciembre: fiscal Moldés apeló el sobreseimiento de periodistas detenidos

Tras las jornadas represivas del 14 y 18 de diciembre por la reforma jubilatoria, el fiscal apela el sobreseimiento de los periodistas Ezequiel Medone, Juan Mourenza, Paola Monterio y Carlos Ardila Guerra, trabajadores de Antena Negra TV, ATE y un centro cultural feminista. El fiscal desconoce en su fallo su carácter de trabajadores de prensa aunque fue incautado inclusive un chaleco de prensa.

En ese sentido, Verdú explicó: "Moldes avanza pidiendo que se haga una reforma también de las leyes para impedir la excarcelación de detenidos/as en el marco de movilizaciones". En este caso, la causa judicial iniciada el 1 de septiembre sirve como punta de flecha para una fuerte criminalización a la protesta. Así lo explicó la abogada defensora Verdú: "No lo dice el fiscal pero su propuesta seguramente sea que esas personas en vez de detenidas y trabajosamente liberadas, como ocurrió con más de 200 personas las últimas semanas, sean ejecutadas en el acto por las fuerzas de seguridad. Claramente una muestra de lo que es la Justicia de Cambiemos: no nos olvidemos que Moldes es uno de los candidatos del gobierno a ocupar la Procuración general de la Nación"

6 de junio: audiencia en la Cámara de Casación

Los camaristas Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi recibieron la apelación de Moldés y llamaron a una audiencia en la que participaron todas las partes. Luego de conocer el testimonio de las partes, los jueces decidieron suspender el plazo y pidieron la causa para su revisión. Hasta el día de hoy no definieron cuál será la situación procesal de los cuatro trabajadores de prensa.