El subsidio habitacional que da el Gobierno porteño no alcanza para pagar un hotel

La Asesoría Tutelar Nº1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Gustavo Moreno, exigió una modificación de la política habitacional ante el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.

La exigencia se basa en el “Informe sobre condiciones habitacionales en los hoteles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, producido la Licenciada en Trabajo Social María Cecilia LOWY COPELLO, a partir de las encuestas realizadas por un equipo de trabajo de la Asesoría Tutelar de Cámara.

Se consultó a los 123 hoteles de la Ciudad y 36 de ellos (29%) no respondieron las encuestas. De los 87 hoteles consultado: el 91% de los hoteles fijan un costo mensual superior a los 4.000 pesos, monto límite del subsidio gubernamental.

Además, de los hoteles que aceptan beneficiarios de programas habitacionales no se registra visita de personal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano en el 37% de ellos. El 41% se niegan a emitir presupuestos por escrito y el 32% de los hoteles no permite el ingreso de familias que cuenten con personas menores de edad.

Otra de las problemáticas son las restricciones de los hoteles: el 15% no aceptan grupos familiares que perciban subsidio proveniente de ningún programa habitacional; solamente el 9% de los hoteles relevados tienen infraestructura accesible a personas con discapacidad motriz o capacidad motriz restringida; solamente el 14% de los hoteles permite la posibilidad de alojamiento de grupos conformados por 5 ó 6 personas (familias numerosas); el 21% no admite personas con padecimiento mental; se registraron 39 hoteles con disposición de clausura vigente, de los cuales al menos en oocho casos se cuenta con un pedido de desalojo sugerido por el órgano de control.

Otras alertas que presentó el informe es el “incumplimiento de la doctrina jurisprudencial de los propios tribunales de la Ciudad, en cuanto a la prestación habitacional y respecto del cálculo del monto del subsidio habitacional; además de detectarse hoteles clausurados donde no solamente se permite vivir en riesgo a familias con niñas, niños y adolescentes en hoteles deficitarios cuyo control debe ejercer el Poder Ejecutivo porteño, sino que el G.C.B.A. insta el desalojo sin brindar una solución ajustada al derecho constitucional de vivienda adecuada”, determinó el informe.

“Se afirmó que cuando el Estado paga de manera directa a los titulares de los hoteles, paga más y aumenta el precio de alojamiento cubriendo el costo inflacionario del empresario hotelero, lo que no hace cuando transfiere directamente los fondos a las familias beneficiarias del subsidio habitacional”, concluyeron.