La polémica app con la que el GCBA podría acceder a los datos de todos los vecinos

  Con 44 votos a favor y 14 abstenciones (UC, PS, BP y bloques de izquierda), los diputados porteños aprobaron las modificaciones a la Ley N° 941, para incluir la instancia conciliatoria entre los administradores y vecinos consorcistas en la solución de sus conflictos y la implementación de una herramienta digital.
Así, avanzó el proyecto de ley que busca crear la app Consorcio Participativo, una plataforma digital en la que se podrán realizar las actividades de  consorcio, como la liquidación de expensas, el control de gastos de los administradores y la votación de propuestas. 

El legislador de Vamos Juntos y presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Del Sol, resaltó que la normativa “tiene tres ejes fundamentales: la transparencia, la participación y el control” y aseguró que busca dar respuesta a “un reclamo que viene desde hace mucho tiempo por parte de los vecinos de la Ciudad, esta herramienta generará mayor participación y control”.

Por su parte el el legislador del GEN Sergio Abrevaya señaló que “hay una gran dificultad para controlar a los malos administradores, tenemos que aclarar que cuando legislamos no lo hacemos para controlar a los buenos sino que es para controlar a los que no hacen bien las cosas” e insistió en que “tenemos que hacer el mejor control, por eso trabajamos mucho para poder hacer una buena ley, pero tenemos la preocupación de no invadir el Código Civil”.

Según trascendió, la iniciativa contempla introducir la obligatoriedad de su uso, por lo que cada edificio de la CABA deberá contar con una plataforma. Los diputados de la oposición ya pusieron foco sobre la cantidad de información a la que el GCBA va a tener acceso, lo que podría derivar en la violación de la ley nacional de Protección de Datos Personales.

Es por esto que solicitaron incluir un artículo que garantice la confidencialidad de la información. “A nuestro entender, esto es inconstitucional. La Ciudad puede regular en derecho la actividad administrativa; pero no regula los consorcios, los regula el derecho civil. Por eso, no nos podemos meter en la vida privada del consorcio, en la información ni de quién decide que sea prestador”, había manifestado días atrás Abrevaya, en declaraciones al diario Perfil.

En tanto, una de las abstenciones provino del socialista Hernán Arce, quien afirmó que “desde hace 30 días que trabajamos en la búsqueda de consensos acerca de este proyecto, pero no fue posible por eso nuestro voto va a ser una abstención; se han realizado algunas modificaciones, pero no alcanzó”. Asimismo,  el legislador de Mejor Ciudad -uno de los espacios que responden a Martín Lousteau- Marcelo Depierro explicó que “nuestra postura es de acompañar en general a la ley, pero nos vamos a abstener en la votación de la plataforma web”. 

Se cree, además, que estos sistemas son fáciles de vulnerar y que la confidencialidad ante terceros va a ser muy poca. Según pudo saber Nueva Ciudad, actualmente, ya hay consorcios que funcionan de esta manera.

Muchas de las empresas que venden este servicio están nucleadas en CASIPH (Cámara Argentina de Sistema Informáticos para la propiedad Horizontal) desde donde advierten que diseñar este tipo de aplicaciones puede costar cerca de 4 millones de pesos. Además, el costo de mantenimiento, el arreglo y la contratación de empleados para ello podría derivar en un aumento del ABL.

“Nosotros pedimos que ambos sistemas (el privado y el oficial) puedan convivir, así como la AFIP coexiste con los sistemas privados. Y cuestionamos también el uso de datos personales, que hoy son de la administración y revelan mucho sobre los consumos, preferencias y opiniones de los propietarios”, agregó Lisandro Cingolani, titular de la Cámara Argentina de Sistemas Informáticos para Propiedad Horizontal (Casiph).

Otro de los puntos que genera polémica es que, según el artículo 4 de este proyecto de ley, el Banco Ciudad facilitará una cuenta gratuita para los consorcios, concentrando un volumen de dinero que podría repartirse entre otros bancos.