“Listas negras” y “financiamiento irregular” para aprobar la quema de basura: denunciaron penalmente al Gobierno

El escándalo se desató un mes atrás, cuando organizaciones ambientalistas y de recicladores dieron a conocer archivos filtrados del Gobierno porteño que demostraban distintas estrategias de manipulación de información e intentos por influenciar a especialistas y periodistas para lograr avales al proyecto oficial sobre gestión de residuos, incluyendo la incineración, que finalmente se aprobó en medio de una cuestionada sesión. Tal como anticiparon por entonces, referentes sociales, ambientalistas y Legisladores porteños denunciaron penalmente al Gobierno de la Ciudad por los posibles delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, entre otros.

La denuncia penal se concretó a raíz de la aparición de evidencia escrita de los planes paralelos y confidenciales del Gobierno de la Ciudad para avalar la incineración, donde se revela el uso de “listas negras” y las tácticas para “engañar a la prensa y la opinión pública” acerca de los supuestos beneficios de la incineración malversando fondos públicos.

La denuncia quedó registrada bajo el N° DEN 363012 y se encuentra asignada a la FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 35, a cargo de la Dra. Celsa RAMÍREZ (de la UNIDAD FISCAL SUR). Fue acompañada por Jacquelin Flores (Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la República Argentina), Roberto Alfredo Gómez (Cooperativa El Álamo), los legisladores Myriam Bregman, Mariano Recalde y Patricio del Corro, Enrique Viale de Abogados Ambientalistas y Facundo Di Filippo del Colectivo por la Igualdad y legislador (MC).

El material filtrado, que dio lugar a la denuncia, incluye un “listado de personajes escaneables”, señalando quién podría ser “abordable” y quién “inamovible”, entre otras cosas. Según consignaron los denunciantes, los nueve archivos filtrados fueron creados por usuarios de la Agencia de Protección Ambiental. El Ministro de Espacio Público, Eduardo Macchiavelli informó que instruyó al titular de la APRA para que investigue si los archivos existieron. Su presidente, Juan Bautista Filgueira Risso, comenzó a mandar cartas con membretes oficiales pidiendo disculpas a algunas de personas que aparecen en las listas confeccionadas, reconociendo la responsabilidad de los hechos por parte del GCBA.

Nueva Ciudad tuvo acceso a una de las cartas, enviada a un periodista y firmada por Marcelo Nachón, secretario de Medios del Gobierno de la Ciudad. "Se trata de papeles no oficiales, pero su difusión pública nos obliga a fijar una posición clara al respecto: rechazamos enérgicamente su contenido y en particular las caracterizaciones de medios y periodistas que allí se realizan", se lee en el texto enviado oficialmente, con firma y membrete. 



“La modificación de la Ley de Basura Cero es una aberración que convierte una ley para cuidar el ambiente y fomentar el reciclado en una ley que fomenta la incineración de basura. Esto va a generar un daño ambiental irreparable, afectar gravemente a la salud de los vecinos y además poner en riesgo el trabajo de los miles de trabajadores cartoneros/as que trabajamos en la ciudad. Esta aberración solo se pudo aprobar de espaldas a la sociedad y cometiendo estas gravísimas faltas que estamos denunciando”, señaló Jacquelin Flores, de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la República Argentina.

Por su parte, la legisladora Myriam Bregman, del PTS en el Frente de Izquierda, remarcó que “los documentos presentados revelan el modus operandi que el gobierno utiliza para tapar temas que tienen un amplio rechazo en la población, utilizando la pauta oficial para apretar o seducir a periodistas, medios de comunicación y ONG´s. En este caso puntual nos quieren hacer creer que la incineración es algo bueno para la ciudad cuando es un enorme retroceso”.

La modificación de la Ley de Basura Cero para permitir la incineración de basura “es una medida que va en contra de los porteños y quedó demostrado en la documentación del gobierno filtrada un día antes de la sesión, que evidenció la manipulación de información y las estrategias para influenciar a periodistas y especialistas por amiguismo o con pauta oficial. Prácticas que prueban la intencionalidad de fondo del Jefe de Gobierno porteño, hacer negocios con la salud de todos”, advirtió Mariano Recalde, de Unidad Ciudadana.

Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, recalcó: "No podemos naturalizar estas maniobras de manipulación de la opinión pública para ocultar y desviar la atención sobre un tema que merece la mayor y más clara atención de la ciudadanía. Si le sumamos la presión y coerción sobre periodistas para que cambien su opinión, ya nos encontramos no solo con un problema ético sino con consecuencias penales”.

En el mismo sentido Facundo Di Filippo, del Colectivo por la Igualdad, destacó que “en el día del Periodista, como colega de esta profesión y autor de la ley de regulación de publicidad oficial (después vetada por Mauricio Macri) es necesario reflexionar sobre como la manipulación de la pauta afecta la profesión. Y exponer este caso como un caso ‘testigo’ de esa utilización por parte del gobierno de Larreta, donde también se confeccionó una lista negra de periodistas a quienes manipular incluso llegando a mencionar la estabilidad en sus puestos de trabajo”.