A cinco años de la represión en el Borda: pasado y presente del taller que Macri derrumbó

No existen antecedentes de un hecho similar en ninguna institución de salud del mundo. La represión en el Hospital Interdisciplinario José Tiburcio Borda en abril de 2013 marcó un precedente que hasta el momento era impensado. En el terreno hoy sólo quedan los cimientos de lo que fue el viejo Taller Protegido 19, que funcionaba ahí desde los años 90 y que el Gobierno de la Ciudad, comandado en ese entonces por Mauricio Macri, derrumbó para intentar construir un centro cívico.

En las paredes de los edificios que circundan el terreno todavía se leen leyendas como “no a la represión del Borda” y “no pasarán”. A cinco años del hecho, los trabajadores recuerdan con angustia un día que jamás pensaron vivir. “Ver ese aparato represivo significó un impacto para nosotros. No esperábamos que dentro de un hospital entrara una fuerza policial y reprimiera a trabajadores, pacientes, enfermeros y médicos ”, cuenta Humberto Herrera, integrante del Taller 19, quien da clases allí desde hace más de una década.

La madrugada del 26 de abril de 2013, unos 400 policías de la Metropolitana junto a cuadrillas de operarios ingresaron con máquinas al hospital. Entraron por uno de los portones traseros ubicado sobre la calle Perdriel. Los talleristas llevaban ocupando desde hacía más de 10 meses la estructura donde daban clases para evitar el derrumbe, pero esa mañana no había nadie vigilando. La represión comenzó después de las 9 cuando los cordones policiales avanzaron y tiraron balas de goma contra los presentes, que de a poco se habían congregado en el lugar en apoyo.  

No esperábamos que en un hospital reprimieran a trabajadores, pacientes y médicos.

El operativo empeoró horas después. A media mañana, comenzaron a llegar diputados porteños, quienes también fueron golpeados. Para el mediodía, a los disparos y bastonazos indiscriminados se les sumó el gas lacrimógeno y decenas de heridos, entre los que se encontraban pacientes, trabajadores del Borda, legisladores y periodistas. En total fueron más de 50. Ante el panorama, integrantes del área clínica del hospital armaron una enfermería de urgencia.

“Fue una batalla. Estaban las ambulancias del SAME del lado de la policía. Si te ibas a atender te llevaban a la comisaría. Los enfermeros iban ayudando e iban cayendo los heridos”, detalló Pedro Benedit, trabajador de Talleres protegidos de Rehabilitación en Salud Mental y delegado de la juta interna de ATE de Talleres Protegidos.



Un antes y un después

Hoy, el Taller 19 funciona en un edificio nuevo en el predio, cuenta con unos 10 alumnos y brinda atención de psicólogos, psiquiátras y asistentes sociales. Allí, los operarios continúan con la tarea de enseñar el oficio de herrería, carpintería y pintura. Los pacientes pueden, por ejemplo, fabricar roperos, mesas y hasta aprender sobre electricidad. Hace cinco años, esos talleristas fueron los principales testigos de la brutalidad policial.  

“Muchos pacientes en un momento quisieron organizarse y ponerse en una línea entre los trabajadores y la policía, pensando de manera racional que las fuerzas de seguridad iban a parar. Fue un error porque también los hirieron a ellos”, recuerda Benedit.

Luego de más de tres horas de represión, el mediodía del 26 de abril de 2013 los efectivos de la Metropolitana volvieron a reubicarse detrás de un vallado de chapa que circundaba el terreno. Desde allí disparaban. Un grupo de jóvenes buscaba tirar de los chapones dando patadas o haciendo palanca con sogas atadas. Mientras tanto, el Taller 19 era derrumbado ante la mirada de los trabajadores.

“La angustia de ver demoler el lugar que se hizo con tantos años de esfuerzo, los compañeros que trabajaban ahí llorando y la angustia de los pacientes. Ahí se violaron todos los derechos humanos. Imaginate para un paciente que el hospital es su casa lo que es ver a 400 tipos uniformados baleando a la gente”, agrega Benedit.

Imaginate para un paciente los que es ver a 400 uniformados baleando a la gente.

En total fueron ocho las personas detenidas. Entre ellas,  una enfermera del Hospital Garrahan que contaba con una discapacidad motriz y el padre de uno de los internos del Borda, quien había visto por televisión lo que sucedía y decidió acercarse para saber cómo se encontraba su hijo. Ese mismo día, un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad consideró que el procedimiento fue ilegal, multó a los funcionarios responsables y reimplantó una medida cautelar para detener las obras.

“A pesar de estos golpazos nosotros seguimos buscando ser buenos agentes de salud, ofrecer un buen modelo de salud mental y dar alternativas para la gente que demanda la atención de este hospital público. Nosotros defendemos el hospital público pero tenemos plena conciencia de lo que significa para una persona vivir acá mucho tiempo. Queremos ser críticos del modelo que estamos implementando y queremos hacerlo lo más humanitario que se pueda", asegura Herrera.



El día Después

Tiempo después de la brutal represión, el taller fue mudad al nuevo edificio, pero las clases debieron suspenderse porque el lugar no estaba en condiciones. Los trabajadores de los Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental, junto a vecinos y organizaciones sociales juntaron fondos para reconstruir lo que habían perdido. La demolición se había llevado puestas todas sus herramientas de trabajo y hasta sus pertenencias personales. 

Pero el efecto de la represión era imposible de contabilizar. “Hablamos mucho con los profesionales y con nuestros pacientes y nos costó mucho medir cuáles fueron las consecuencias. Lo que sí sabemos es que a muchos pacientes se les agravó el cuadro clínico que tenían. Imaginate los que tiene esquizofrenia y delirios de persecución ¿cómo los convencés de que la policía no va venir a matarlos? Fue muy complicado”, cuenta Benedit .

“Los pacientes se involucraron bastante porque venían conociendo todo el proceso asambleario, son personan que están dentro del hospital y saben lo que pasa. Se promovió un nivel de organización muy interesante”, detalla Herrera.

En abril de 2015, la Cámara IV en lo Criminal confirmó los sobreseimientos en la causa del entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, la vicejefa María Eugenia Vidal, el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta y los ministros de Seguridad Guillermo Montenegro, y de Salud, Graciela Reybaud. La confirmación a favor llegó en diciembre de 2015, el mismo mes en que Cambiemos asumió la presidencia.

En agosto de 2016 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió ratificar esos sobreseimientos, aunque anuló los que beneficiaban al jefe y al subjefe de la Policía Metropolitana, Horacio Alberto Giménez y Enrique Pedace.

Otra causa apuntó contra siete de los detenidos durante la represión que terminaron procesados: la delegada del SENASA Carina Maloberti, el trabajador del Taller 19 Horacion Masvik, la enfermera del Borda Susana Bejarano, el actual secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, la enfermera Díaz Alem, miembro de la junta interna de ATE en el Garrahan, y la fotógrafa Belén Revollo, del Movimiento Popular La Dignidad TV.