Inmobiliarias porteñas contra el nuevo Código Urbanístico: “Va a generar una catarata de juicios”

Armando Pepe, presidente CUCICBA, publicó un descargo en el portal Ambito.com el proyecto enviada por el Gobierno de la Ciudad a la Legislatura que modificará el actual código urbanístico.

“Hoy el diseño de la Ciudad es el resultado de una superposición de pautas que tienen su origen en el Código de Planeamiento Urbano de 1977. Después de 40 años ese código que regula la organización del tejido edilicio y la distribución del uso del suelo cambiará y se dividirá en dos: el Código Urbanístico y el de Edificación”, explicó el representante de las inmobiliarias porteñas.

El Gobierno porteño justificó los cambios en el código para garantizarán la "identidad barrial" y permitirán que los vecinos tengan "plenitud de su vida" alrededor de sus viviendas. A lo que Pepe refutó: “Para lograr estos objetivos, se recurre a una serie de supuestas soluciones tales como permitir la construcción de oficinas entre las viviendas, prohibir la construcción de torres de más de 13 plantas e incentivar al sector privado a incluir terrazas verdes”.

La critica continuó: “Las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano iban a ser enviadas a la Legislatura en seis meses, pero sorpresivamente el Jefe de Gobierno dio de baja el anteproyecto, y decidió firmar un decreto limitando "ipso facto" la construcción de nuevos emprendimientos, impidiendo presentar planos por 180 días”.

“Este decreto sorprende y preocupa en el sector, y va a generar una catarata de juicios al Estado porteño, dado que hay muchos desarrolladores que compraron terrenos con la expectativa de construir determinada cantidad de pisos, y ahora este decreto les impedirá concretar los proyectos, con el consecuente conflicto para con los inversores de los mismos”, advirtieron desde el CUCICBA.

En el mismo sentido Pepe agregó que “además, esta ingeniería urbanística encubre una contradicción. Se plantea que las diversas medidas incluidas en el paquete facilitarán el acceso a la vivienda, promoviendo el aumento de la densidad poblacional. Sin embargo, la limitación a la altura implicará una menor oferta de unidades, revalorizándolas por la mayor demanda”.

Según argumentan desde el Colegio Inmobiliario, otro de los puntos conflictivos fue la norma que regula la comisión de los agentes inmobiliarios: “en el caso de la Ley 5859, que modificó los aranceles que los corredores y martilleros podemos cobrar por nuestro trabajo, poniendo en peligro a más de 3000 inmobiliarias de la ciudad, el Gobierno porteño vuelve a inmiscuirse en el sector con una medida unilateral que, además, no soluciona las complicaciones que se vienen acarreando desde hace más de cuarenta años”.