Presentan un proyecto de ley para ampliar los derechos laborales de las personas trans

Más de 30 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires de diferentes bloques de la Legislatura presentaron un proyecto de ley para promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero. La iniciativa pretende implementar una política propuesta con anterioridad por otros diputados y presentarse a la comunidad para su puesta en práctica.

Los antecedentes se basan en el consenso al que se había llegado en la comisión de Derechos Humanos en marzo del año pasado sobre proyectos anteriores, de los entonces legisladores María Rachid (FPV), Maximiliano Ferraro  (CC ARI), Daniel Lipoveztky (PRO) y Pablo Ferreyra (FPV); y que se sintetizó en otro proyecto que encabezó el diputado Carlos Tomada y Ferraro junto a otros diputados y diputadas de 9 bloques parlamentarios, que perdió estado parlamentario en diciembre de 2017.

Este proyecto de ley propone como obligatorio que un porcentaje de los puestos de trabajo en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea destinado a la incorporación de personas trans, al mismo tiempo propone un incentivo impositivo para las empresas privadas que abran una contratación similar, promoviendo así la igualdad de oportunidad de empleo para todos y todas.

Participaron de su redacción los legisladores Tomada y Ferraro. También acompañaron el proyecto como coautores la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro de Unidad Ciudadana, la presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia, Andrea Conde;  el legislador de Vamos Juntos, Diego de Garcia de Garcia Vila, la legisladora de Suma +, Maria Patricia Vischi y el legislador del Partido Socialista, Roy Cortina y diputadas y diputados de los bloque Vamos Juntos, Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, Frente de Izquierda y los Trabajadores, GEN, Mejor Ciudad, Suma +, y Partido Socialista.

El trabajo es el resultado de las demandas del colectivo LGTBI en su conjunto para un sector poblacional cuya historia está marcada por la exclusión social y la imposibilidad del acceso a la salud, la educación y el trabajo, condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de la vida de cualquier persona. El 35% de este sector poblacional muere entre los 22 y los 41 años por diferentes situaciones de violencia y asesinatos pero es el VIH-Sida, que trepa a más del 60%, la principal causa de muerte. Desde el año 2012 más de 8.000 personas se acogieron a la Ley 26.743 de Identidad de Género, pero el acceso al ámbito laboral sigue siendo una rémora.