Aborto: los hechos que marcaron historia en la Ciudad

En marzo de 2012, el caso de una  adolescente de 15 años que fue abusada por su padrastro en Chubut y autorizada a abortar sentó jurisprudencia ante un fallo de la Corte Suprema para que las mujeres “violadas, insanas o normales”, pudieran practicarse un aborto sin tener que contar con una autorización judicial previa y sin sanción penal. 

En ese fallo, los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni exhortaban también a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a implementar y hacer operativos protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles. 

En ese marco, en septiembre de 2012 el entonces Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Lemus, aprobó la Resolución 1252/12, que dio origen a un restrictivo protocolo de abortos no punibles, que no estaba en consonancia con las indicaciones del fallo de la CSJN.

Ese mismo mes, legisladores del Frente para la Victoria, Buenos Aires para Todos, Proyecto Sur, MST, Nuevo Encuentro, UCR, Frente Popular y Progresista, y Coalición Cívica lograron la sanción de un proyecto de ley de aborto no punible en al Legislatura de la Ciudad.

Pero poco después, Mauricio Macri, por entonces jefe de Gobierno porteño, resolvió vetar la ley ya que consideraba que  excedía "lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo del 13 de marzo último".

En octubre de ese año, se iba a realizar en la Ciudad el primer aborto no punible en un hospital público a una mujer de 32 años, víctima de trata de personas, que había sido autorizada a interrumpir su embarazo. 

Fue el propio Macri quien anunció ante los medios que la interrupción del embarazo se realizaría en el hospital Ramos Mejía. Ante esto, una asociación civil provida presentó un recurso de amparo y la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada decretó una medida cautelar que impidió la realización de la intervención.

En ese marco, legisladores porteños denunciaron a Macri por incumplimiento de deberes de funcionario público y el Gobierno porteño apeló el fallo de la jueza a través del procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand. 

En noviembre de ese mismo año, la Justicia suspendió de forma parcial el protocolo, ratificó lo aprobado por la Legislatura de la Ciudad y estableció pautas para seguir en los hospitales.

El fallo ratificaba que es el equipo médico, sin otra intermediación, el que fija la fecha límite gestacional; y que no es necesario el consentimiento de representantes legales de las jóvenes a partir de los 14 años para proceder a la intervención.