Subtes con amianto: la empresa Sbase analiza una demanda judicial por presunta estafa

En febrero de este año, el Metro de Madrid reconoció Públicamente que los trenes CAF serie 5000, que fueron comprados por el Gobierno de la Ciudad en 2013 para ser usados en la línea B del subte, tenían presencia de material cancerígeno. 

Ahora, la Fiscalía Provincial de Madrid inició este lunes una investigación penal por las insuficientes medidas de seguridad que adoptó la firma Metro de Madrid S.A. para evitar la exposición de sus trabajadores al material.

Según detalló el diario Ámbito Financero, en la Argentina, la empresa Sbase analiza presentar una demanda judicial contra los ibéricos por presunta estafa o engaño en la venta de los vagones, con material prohibido en ambos países.

Hace unas semanas, la Argentina y España quedaron las puertas de un conflicto diplomático tras el escándalo por la venta de estos vagones al subte de Buenos Aires.

La Cadena Ser difundió hace días declaraciones del consejero delegado de la red de subterráneos de la capital española, Borja Carabante, donde admite que los trenes del modelo CAF 5000 que se vendieron en 2011 al Gobierno porteño de Mauricio Macri por u$s 550.000 cada uno contienen amianto "encapsulado".

Hoy, esas mismas unidades se rematan en Europa por u$s 5.000 para realizar pruebas con explosivos, según detalló la publicación. En Buenos Aires fueron sacados de circulación. 

No obstante, desde la empresa estatal madrileña aclararon que el contrato de venta rubricado con Sbase, también compañía pública, fue en total conformidad con el estado de los vehículos y los componentes tras las revisiones de los técnicos argentinos.

En este marco, investigadores españoles ordenaron "diligencias" en el expediente luego que Metro de Madrid reconoció el único caso de enfermedad laboral de su historia: un trabajador con Asbestosis, un tipo de cáncer que se manifiesta 20 o 30 años después del contacto.

Los trabajadores del subte de Madrid informaron que 65 unidades de trenes de la serie 1, con 130 coches en total, estarían "afectados" por amianto. Al menos 36 fueron adquiridos aquí.

Según Ámbito, en España deslizan que los argentinos fueron engañados. "La transacción se produjo después de que el Ministerio de Presidencia español hubiera emitido una orden a finales de 2001 en la que prohibió 'la utilización, producción y comercialización de las fibras' que contiene dicho material", recordaron.

En Buenos Aires ya se tramita una causa penal por la polémica compra de los CAF 5.000. Durante el segundo mandato capitalino de Macri, los exlegisladores Facundo Di Filippo y Gustavo Vera denunciaron al expresidente de Sbase, Juan Pablo Piccardo, por defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.