La Ciudad fomenta la evasión: licitaciones millonarias para una firma que no hace los aportes

A mediados del año pasado, el Gobierno de la Ciudad adjudicó una obra por casi 10 millones de pesos para colocar macetas en ochavas. La beneficiaria fue la firma Vivero Cuculo SRL, con un largo historial de licitaciones ganadas en territorio porteño. El Sindicato Unido de Jardineros, Parquistas, Viveristas y Floricultores de la República Argentina presentó su oposición, por tratarse de una empresa que no cumplía con las obligaciones sindicales, sociales y previsionales. Seis meses más tarde, el Ejecutivo porteño dio su respuesta la semana pasada: rechazó el planteo del sindicato y sostuvo, así, la contratación millonaria de una empresa evasora.

La Licitación Pública N° 873/SIGAF/2017 ("MB1 Provisión e Instalación de Macetas para Intervenciones en Ochavas"), del 12 de julio de 2017, planteaba la compra de 624 macetas de hormigón armado, por un valor total de $9.741.001. Sólo hubo dos ofertas: por parte de Altote SA y de Cuculo SRL. La adjudicación fue para esta última, que presentó un presupuesto más de dos millones de pesos más bajo que su competidora. La licitación estuvo a cargo del subsecretario de Tránsito y Transporte, Esteban Galuzzi, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte porteño.

Un mes antes que la obra se adjudicara, el Sindicato Unido de Jardineros envió una carta documento al Gobierno porteño, planteando su oposición a la licitación “si en las condiciones de la misma no se requiere certificado de libre deuda de aportes y contribuciones a las obligaciones sindicales”. La respuesta del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta llegó recién este mes, mediante la Resolución N.° 65/SSTYTRA/18 del 15 de febrero, publicada el 27 en el Boletín Oficial. Allí se planteó “rechazar el planteo incoado por el Sr. Héctor Omar Di Feo, en representación del Sindicato Unido de Jardineros, Parquistas, Viveristas y Floricultores de la República Argentina, planteando su oposición a los términos de la Licitación Pública N° 873/17”.

Tras la presentación del Sindicato, en un informe de licitación el Gobierno ya había planteado que “estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución contractual, quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos”. Lo mismo en materia de seguros y eventuales reclamos: el Gobierno se desligaba, resaltando que toda contratación –en las condiciones que fuesen- dependía de la empresa.

“Estamos permanentemente con problemas no sólo con Cuculo sino también con otras empresas que no cumplen con el convenio ni hacen ningún tipo de aportes y trabajan para el Gobierno de la Ciudad, a veces por contratación directa. Acuerdan directamente con los comuneros y no cumplen la normativa mínima en cuestiones de seguridad e higiene. Lo denunciamos pero vemos que desde el Gobierno no hacen nada. No les interesa saber a quién le dan el trabajo y no les exigen que digan qué salarios pagan o en qué condiciones tienen a su gente”, advirtió Rubén Maidana, Secretario Adjunto del Sindicato, en diálogo con Nueva Ciudad. Y agregó que, en materia de obra pública, “sólo les interesan los costos, y costos más bajos implica precarizar. Por eso lo denunciamos. Creo que el Gobierno se equivoca cuando hace oídos sordos. Hace varios años que venimos peleando contra estas cuestiones. Incluso hay empresas que se registran con un determinado personal y luego a las obras envían a otra gente”.

El caso fue revelado por la comunera del Frente para la Victoria Julieta Costa Díaz, de la Comuna 13. “El gobierno de la ciudad hace 10 años que viene tercerizando en empresas tareas de mantenimiento que podrían realizarse desde el Estado. El planteo del sindicato es justo, es muy injusto que un gobierno contrate empresas que no pagan las cargas sociales que corresponden”, señaló a este medio. “Pero no sorprende la resolución, cuando se trata de un gobierno que contrata empresas que tienen deudas de ingresos brutos, lo que pasa es que acá están en juego la salud y los derechos de trabajadorxs”, completó.



Lo cierto es que el vínculo entre Cuculo y el Gobierno de la Ciudad tiene un largo y millonario historial. Según consignó el año pasado el diario cooperativo Tiempo Argentino, la empresa familiar existe desde hace 30 años y desde 2012 ya obtuvo más de 35 millones de pesos en contratos de obra pública en la Ciudad. Se trata de la misma firma que montó los polémicos "jardines verticales" en puentes sobre el ferrocarril Sarmiento, en Caballito, por 8 millones de pesos, algo que fue criticado por los vecinos por su alto costo y escasa funcionalidad.