El ministerio de Educación fue obligado a brindar información sobra la “Secundaria del Futuro”

La asesora tutelar de primera instancia, Mabel López Oliva, y el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, presentaron a la jueza Cecilia Molica Lourido un exhaustivo documento, donde se analiza la información suministrada por el Poder Ejecutivo porteño respecto de la reforma educativa que el año pasado llevó a la toma de decenas de establecimientos educativos. 

En el documento se destaca la razonabilidad de los pedidos de los estudiantes secundarios, al demostrarse que, al momento del inicio del amparo judicial, en medio de las tomas pacíficas de las escuelas (en septiembre del 2017), la información suministrada por el ministerio de Educación “no era veraz, completa, adecuada ni dada en tiempo oportuno”.

En una nota al sitio Revista Qué, Gustavo Moreno señaló que la principal falencia de la “Secundaria del Futuro” es “la poca legalidad o la casi ilegalidad de la reforma, ya que existe la ley 33, que es del año 1998, y que en su artículo 1° explica que toda modificación de cualquier plan de estudio debe tener un acto administrativo fundado; es decir, que debe tener una resolución, y la misma no existe en la ‘Secundaria del Futuro’. No hay ninguna resolución de la ministra Soledad Acuña que apruebe la reforma educativa”.

Moreno remarcó que “la ley 3.541 expresa que las prácticas educativas son voluntarias, y el Gobierno quiere que sean obligatorias, por lo cual es necesario que pase por la Legislatura, dado que una ley se modifica con otra ley, y no es atribución del Ejecutivo, sino de los representantes del pueblo en la Legislatura porteña”.

Entre otras falencias, el informe denota las contradicciones propias de la autoridad educativa con relación a la información suministrada, el sistema de evaluación, y la definición de la obligatoriedad de las prácticas educativas de los estudiantes que cursen el último año escolar.

Asimismo, resalta la ausencia de un mecanismo de participación para el debate de la reforma por parte de los estudiantes. “Lo que vemos es que la información es muy contradictoria y que nunca se llevó a cabo un debate”, afirmó Moreno, autor del documento, y agregó: “Nosotros esperamos que el Gobierno de la Ciudad recapacite y llame a audiencias públicas, en donde puedan participar los docentes, padres y estudiantes, ya que nunca hubo un mecanismo de participación ciudadana como marca la ley”.

Según trascendió, la convocatoria por parte del Ejecutivo para que los estudiantes participaran de las reuniones fue a través de WhatsApp y por correo electrónico, de manera arbitraria, ya que el informe afirma que, de las 19 escuelas en las que se implementará la reforma, sólo participaron siete centros de estudiantes.