Duro comunicado del CELS por la postura del Gobierno en favor del policía Chocobar

Continúan las repercusiones por el tratamiento que el gobierno de Mauricio Macri le dio al caso del policía Luis Chocobar, procesado y embargado por asesinar por la espalda a un delincuente que intentaba huir en el barrio de La Boca. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un durísimo comunicado tras el aval oficial que recibió el agente que mató. “El gobierno nacional decidió aprovechar la visibilidad mediática que adquirió el caso para hacer un ejercicio típico de demagogia punitiva”, advirtió el organismo.

Al tiempo que comenzaron a difundirse datos del expediente judicial que contradicen la versión de Chocobar, el CELS señaló que “la investigación que lleva adelante el juzgado de menores encontró hasta el momento elementos suficientes como para procesar al policía, ya que habría trasgredido las normas más básicas de uso progresivo y racional de la fuerza, de cumplimiento obligatorio para todos los efectivos policiales”. Al respecto, el comunicado explicó que “si un funcionario estatal utiliza un arma letal de manera injustificada y ocasiona la muerte de una persona que no era una amenaza a la vida del policía o de una tercera persona, se trata de un hecho al que los sistemas internacionales de protección de derechos denominan ejecución sumaria o extrajudicial y constituye una violación de los derechos a la vida y a la integridad física. Si el policía se equivoca sobre la existencia de una agresión o utiliza la fuerza en forma desproporcionada e irracional, el caso se puede resolver como un exceso en legítima defensa; es decir, el policía comete un delito por su negligencia”.

En relación al apoyo que tanto Macri como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y otros funcionarios explicitaron hacia el policía, el CELS cuestionó que desde el Gobierno “reprodujeron y convalidaron una versión simplificada y errónea de los hechos según la cual la intervención letal del policía habría sido la que salvó la vida del turista. Sin interesarse por las evidencias que hasta el momento acumula la investigación judicial, los funcionarios hicieron una apología de la violencia policial y dieron preocupantes mensajes de presión a los jueces”. También cuestionaron el rol del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, “cuya misión debería ser promover los estándares de uso racional de la fuerza y recordarle su existencia al presidente y la ministra en situaciones como esta. No se puede promover la reforma y la profesionalización de las policías si, al mismo tiempo, se toma como indicador de éxito la muerte de personas”. Aclararon, en tanto, que “la idea no es nueva, ya estaba presente en gestiones retrógradas en términos de seguridad, como las de (Carlos) Ruckauf o (Daniel) Scioli”.

Por último, el organismo advirtió que “se busca nuevamente instalar la idea de que existe un ‘garantismo’ que conduce a la impunidad de los delincuentes y que la alternativa a ello es ‘soltarle la mano’ a la policía para que actúen sin respetar las reglas. La falsedad de esta dicotomía la demuestra el hecho de que el otro asaltante, que consiguió escapar, fue luego localizado y detenido. Ese podría haber sido el destino de Juan Pablo Kukoc, de 18 años, la víctima fatal del hecho”.