Denuncian que la información ificial sobre la Secundaria del Futuro no era “veraz”

En septiembre del año pasado los secundarios porteños fueron ocupados pacíficamente en rechazo de la reforma educativa, llamada Secundaria del Futuro, que quería implementar el Gobierno de la Ciudad. Uno de los mayores conflictos radicaba en que dicha reforma no había sido discutida con la comunidad educativa, es decir, discutida con los docentes, alumnos y padres.

Una medida cautelar obligó al Gobierno porteño a brindar información sobre la Secundaria del Futuro por lo que el Ministerio de Educación debió acatar. Ahora, los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno le presentaron a la jueza Cecilia Molica Lourido un documento que evalúa esta información dada por el Ejecutivo porteño.

El análisis fue contundente: "La información suministrada por el Ministerio de Educación no era veraz, completa, adecuada, y dada en tiempo oportuno", afirmaron en el documento. La asesora tutelar de primera instancia Mabel López Oliva y el asesor tutelar de cámara Gustavo Moreno, presentaron a la jueza Cecilia Molica Lourido un extenso documento donde se analiza la información suministrada por el Poder Ejecutivo porteño respecto de la reforma educativa "Secundaria del Futuro", que se aplicará en el primer año de 19 escuelas estatales de nivel medio durante el presente ciclo lectivo.

El Ministerio de Educación brindó tal información a partir de una medida cautelar del 24/11/17, por la cual la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó una mesa de trabajo con estudiantes, padres, y docentes, que se constituyó el 27/12/17 con la veeduría del juzgado.

En el documento presentado por los asesores tutelares se destaca la razonabilidad de los pedidos de los estudiantes secundarios, al demostrarse que al momento del inicio del amparo judicial en medio de las ocupaciones pacíficas de las escuelas (setiembre 2017) la información suministrada por el Ministerio de Educación no era veraz, completa, adecuada, y dada en tiempo oportuno.

Además, se marcan las contradicciones propias del autoridad educativa con relación a la información suministrada (en el sistema de evaluación, y en la definición de la obligatoriedad de las prácticas educativas, por ejemplo), remarcándose así también la ausencia de un mecanismo de participación para el debate de la reforma por parte de los estudiantes.

Finalmente, los magistrados del Ministerio Público Tutelar requirieron que la información se complete con el listado de las 10 escuelas privadas en las cuales se implementará la reforma (información que fue negada expresamente por el Ministerio de Educación), el informe de relevamiento de la infraestructura de los edificios y de los recursos de las 19 escuelas estatales donde se implementará la reforma educativa, y la identificación del presupuesto invertido y a invertirse en la "Secundaria del Futuro", según consignó el portal Revista Qué.