CIUDAD

Prohibieron la salida del país a los ejecutivos de Uber

Hace unos días, la justicia porteña confirmó una medida cautelar de 2016 que suspendía cualquier actividad de la empresa en la Ciudad de Buenos Aires.

 
La Sala de Feria Penal Contravencional y de Faltas resolvió este miércoles prohibir la salida del país los directivos de la empresa Uber por considerar “insuficiente” la restricción de aviso de salida.

Enrique Gustavo Gibert, Roberto Rattagan, Ricardo Nicolás Mihanovich Murphy, Fernando Horacio Cao y Diego Mariano Oliveira deberán requerir con suficiente antelación, y dar cuenta a la Fiscalía sobre el lugar de destino en caso de querer ausentarse de la Argentina.

“Lo solicitado resulta razonable toda vez que los riesgos procesales que se señalan en la propia resolución en crisis no se neutralizan requiriendo un mero de aviso”, detallaron los jueces de Cámara Marcelo Pablo Vázquez, y Jorge A. Franza, el pasado 26 de enero.

Ningún imputado en un proceso penal puede abandonar el país cuando quiere y como quiere, sin que resulte irrazonable, en supuestos como el presente, la previa autorización del Juez de Garantías quien tiene, paralelamente, la función de, garantizar el cabal ejercicio de sus derechos constitucionales evitando que la restricción sea irrazonable”.

En tanto, el camarista Pablo Á. Bacigalupo, consideró que la cuestión traída a estudio no habilita su tramitación durante la feria judicial”. En caso de que no se cumplimente con esta orden, la Fiscalía se encontraría en posición de solicitar la rebeldía y captura de los fugados y su correspondiente prisión preventiva.

A fines de noviembre de 2017, la Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero Penal, Contravencional y de Faltas, compuesta por los magistrados Marta Paz, José Sáez Capel (que votaron a favor) y Sergio Delgado (voto en disidencia), ratificaron en una resolución la conducta ilícita de evasión tributaria de la empresa UBER.

Hace unos días, la justicia porteña habilitó la feria judicial para ratificar una medida cautelar de 2016 en la que había ordenado al gobierno porteño la suspensión de toda actividad de Uber  en su jurisdicción, incluidos los “conductores/socios” de la empresa de transporte por aplicación.

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