POLÉMICA

Denuncian que el Gobierno porteño borró el narcotráfico del Mapa del Delito

“Lo borraron adrede”, dice la ONG La Alameda, quien además aseguró que no está incluido el delito de trata de personas para fines sexuales.

“Por primera vez tenemos todos los delitos denunciados”, decía Semanas atrás, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta presentó el Mapa del Delito, una herramienta que pretende incentivar a que los vecinos denuncien y definir la distribución de recursos de la Policía de la Ciudad dentro de la Capital Federal.

Sin embargo, la ONG La Alameda denunció que “sólo figura homicidios, robos y hurtos. Nada dice sobre narcotráfico, narcomenudeo, transas” y agregó: “Lo borraron adrede”. “Es llamativo que este nuevo Mapa no deje constancias, por citar un caso muy evidente, los miles de sumarios policiales iniciados sobre el narcotráfico instalado en la Villa del Bajo Flores, donde todos los años se producen allanamientos y decenas de causas penales”, denunciaron por medio de un comunicado.

El mapa “depurado” omitió también el delito de trata de personas con fines sexuales y las denuncias de prostíbulos en la Ciudad. “Es evidente su ocultamiento del millar de prostíbulos judicializados instalados en la Ciudad por lo que se han producido decenas de cámaras ocultas, rescate de víctimas, hasta incautaciones de los inmuebles tampoco aparecen en este Mapa del Delito”, indicaron.

En ese sentido, tampoco figuran los talleres clandestinos que fueron denunciados por la organización. Se trata de “tres mil talleres textiles clandestinos, con dos grandes tragedias con menores muertos en incendios y que produce por año 2 mil contagios de tuberculosis entre las 30 mil personas reducidas a la servidumbre”, explicó La Alameda.

Por último, la organización conducida por Gustavo Vera, ex legislador porteño, denunció que los delitos cometidos por la Policía de la Ciudad también fueron borrados. “Los jefes policiales también saben que este Mapa fue “depurado” de los delitos de la que ellos mismos hacen recaudación para nutrir las cuentas bancarias y bienes a familiares o testaferros, de ellos mismos y de miles de funcionarios de los tres poderes del Estado”, concluyó.

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