- Política
- 05.01.2018
CIUDAD
Repudio en Colegiales: sancionaron la creación de una plaza pero ahora van a hacer un "shopping"
La realización de un espacio verde en el terreno delimitado por las calles Dorrego, Enrique Martínez, Concepción Arenal y Conde era un historico reclamo de los vecinos.
No obstante, parece que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene otro objetivo. Mediante un decreto firmado hace dos años, el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la licitación pública para la construcción de una playa de estacionamiento subterráneo en ese predio.
Hace algunas semanas, empezaron los trabajos de limpieza del terreno, según informó el diario La Nación. El hecho generó la alarma entre los vecinos, quienes organizaron la junta de formas a través de en la plataforma Change.org bajo el eslogan "Sí a la Plaza Clemente. No al shopping". El pedido lo llevan a cabo también a traves de las redes sociales y cadenas de WhatsApp.
"No es otra cosa que un shopping a cielo abierto, cuando por ley eso debe ser una plaza", sostuvo a ese matituno Gustavo Beade, un vecino histórico del barrio de Colegiales. Los trabajos de saneamiento del terreno, explicó Beade, empezaron hace algunas semanas, lo que reavivó la polémica.
"Debajo de esos dos puentes con terrazas verdes funcionarán locales comerciales y gastronómicos, pero es una obra ilegal porque el terreno está catalogado como zonificación UP, de exclusivo uso público y donde los usos comerciales no están autorizados", señaló.
Además de las 250 unidades de cocheras distribuidas en los subsuelos, el diseño del proyecto contempla "la creación de dos taludes, que progresivamente van ganando altura, rematando con una cubierta verde, favoreciendo la realización de proyecciones abiertas vinculadas con actividades culturales y sociales".
Así se desprende del pliego de especificaciones técnicas presentado por la empresa que llevará adelante la obra, la UTE conformada por Prospert SA y Borok SA, a la que también se le adjudicó la concesión por 30 años de locales que funcionarán al amparo de esos taludes.
Fuentes del ministerio de Modernización indicaron que "surge de un proyecto de la Legislatura y contempla la construcción de una playa de estacionamiento (con prioridad para los vecinos), locales comerciales y una plaza, que con un formato de distintos niveles permitirá la mejora en dos aspectos: la falta de espacios verdes en la zona y las dificultades para estacionar".
Para impedir la concreción del proyecto, el sociólogo y vecino Carlos Wilkinson y Romina Braga, miembro de la junta comunal Nº 13 por la Coalición Cívica, promovieron el año pasado una acción de amparo colectivo en la que solicitaron una medida cautelar urgente que frene las obras.
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